Militarizar la seguridad nacional
La fotografía y escena difundida el pasado viernes 27 en varios periódicos y medios de comunicación electrónicos, donde se observa al Presidente de la República flanqueado por los secretarios de Defensa Nacional y de Marina Armada de México, en Culiacán, Sinaloa, anunciando el Plan Estratégico Integral, denota el tamaño del fracaso del gobierno para hacer frente a una de sus responsabilidades básicas (si no es que la principal): ofrecer seguridad personal y patrimonial a los gobernados con base en la aplicación de la ley y la eficiente administración de la justicia.
Desde la inexplicable e injustificable Coordinación de Asuntos de Seguridad Nacional al inicio de este errático sexenio, pasando por el despido del general Macedo de la Concha al frente de la Procuraduría General de la República, sin dejar de lado por supuesto los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública, la ausencia de una estructura y adecuada política en la materia ha ido de la mano a su vez de un lógico incremento en la capacidad corruptora y de acción de las bandas criminales. Las autoridades locales, por su parte, tienen su grado de responsabilidad; en el caso de la ciudad de México, queda a la vista también, la incapacidad en este renglón. Así, por lo que hace a la capital del país, la falta es doble.
El inusitado incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico no puede contenerse con declaraciones de las autoridades que apuntan a que se trata de "ajustes de cuentas", como si con eso se quisiera decir: "eso les pasa por dedicarse a cosas peligrosas". Hay una notable criminalidad, porque hay también desempleo, porque los valores sociales se han debilitado: trabajar poco y hacerse rico rápido. De diagnósticos están llenos los anaqueles de oficinas y centros de estudio, lo cierto es que la criminalidad y el tipo de delincuencia retratan, como otras expresiones, el perfil cultural, educativo de la sociedad y la forma en que los gobiernos enfrentan esos serios problemas. En el Africa subsahariana, el tráfico de mujeres, de diamantes; en Asia central, la producción de opio y sus derivados en drogas "fuertes"; en Estados Unidos, lavado de dinero; en Latinoamérica, la producción y distribución de drogas a prácticamente todo el mundo. En Rusia, el trasiego ilegal de armas y tabaco, y así podemos hacer una larga lista de "especialidades". Pero en México el asunto es muy diferente por ser frontera de un país con las características de Estados Unidos, con sus ventajas y desventajas.
La recurrencia a las fuerzas armadas en tareas de vigilancia y preservación de orden interno es una de sus responsabilidades en materia constitucional, no hay discusión. El problema viene cuando ante las reiteradas indecisiones, imprecisiones e improvisaciones de la autoridad civil, es cuando se decide echar mano de los militares para enfrentar a la delincuencia (por ejemplo, Rio de Janeiro, Brasil, mayo 2004). Y ése es, en efecto, uno de los objetivos estratégicos estadunidenses: que nuestras fuerzas armadas latinoamericanas evolucionen en policías nacionales para que el papel más relevante de seguridad continental, es decir, hacer frente al terrorismo y al narcotráfico, sea una responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas de aquel país.
Veamos el contexto y el futuro inmediato. Vienen nuevos ajustes en el gabinete en áreas fundamentales del gobierno. De nuevo, cambio de funcionarios de distintos niveles y serán las dos secretarías, las de Defensa Nacional y Armada de México, las que cargarán con la mayor responsabilidad hacia el final del sexenio, además de sus responsabilidades constitucionales en asuntos de índole electoral. La democracia mexicana, en cuanto a su consistencia institucional, no debiera ser sometida innecesariamente a las presiones del malestar social producto de la falta de políticas públicas en materia de seguridad pública. Enviar o conducir el primer plano en ese tema a las fuerzas armadas no es conveniente ni útil.
Pueden seguir firmándose acuerdos y protocolos de colaboración en materia de seguridad pública e inteligencia (¿cuántos se han firmado a la fecha?), pero mientras persistan visiones coyunturales, sujetas a la agenda electoral, muy poco podrá avanzarse. El tiempo es corto para la autoridad y la frustración social va en aumento.