Resignación financiera

El PRD rentará nueva sede ante la ruinas dejadas por Rosario Robles

RENATO DAVALOS

Desde la intimidad de las ruinas de dos edificios en la glorieta del Metro Insurgentes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sufre hoy una devastación económica heredada del roblismo, que incluyó esa compra, pactada con un crédito de 50 millones de pesos, más 20 millones adicionales para una ''remodelación'', recursos que nunca se invirtieron ahí, sino en el gasto corriente de la gestión de Rosario Robles Berlanga.

Resignados a la condena de finanzas comprometidas por toda una generación, los perredistas están en el umbral del cambio de sede a una instalación de ocho pisos en Benjamín Franklin 84, frente a la Universidad Lasalle. El 10 de junio les entregarán las llaves y a fines de ese mes está prevista la mudanza. Será otro edificio rentado, por las circunstancias derivadas de una deuda que tan sólo este año absorberá más de un tercio del presupuesto partidista. El crédito contratado con banca Afirme -principal acreedora de Carlos Ahumada- para adquirir los dos edificios referidos, mereció de la comisión anticorrupción partidista una evaluación que contempló elementos para asegurar que se trató de una operación en la que se triangularon recursos.

Bajo la administración roblista, según consta en la Secretaría de Finanzas, no se pagaron los compromisos contraídos con el banco. Reparar hoy esas instalaciones cuesta 40 millones de pesos y Afirme ha ofrecido que readquiriría las instalaciones al PRD con una oferta de 37 millones, 43 millones de pesos menos de la cifra en la que se lo vendió hace dos años.

La historia del ''mayor error que pudo haber cometido el PRD'', como lo define Leonel Cota Montaño, nuevo presidente perredista, comenzó en 2002, meses después de que Robles Berlanga había llegado a la presidencia del organismo político.

La adquisición se concretó en diciembre de ese año, con avalúos que señalaron un precio exagerado por el par de edificios contiguos, que habían sido sede del Instituto Nacional de Migración y después del despacho del titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Fernando del Villar, personaje vinculado al salinato.

Robles contrató el crédito con Afirme a una tasa de interés interbancaria (TIB) más cinco y a pagar en dos años, cuando el nivel de entonces de esa tasa era más uno. Según el crédito 68465, abierto el 30 de mayo de 2003 y para concluir el 10 de junio de 2005, el pago a dos años comprometía al PRD a amortizar mensualmente que, por ejemplo, en junio se pagarían 225 mil 808 pesos, pero en enero de 2004 el nivel ascendía ya a 750 mil 363 pesos. La programación comprometía amortizaciones adicionales de 3.9 millones de pesos en enero y una cifra igual un mes después.

En lo concerniente al crédito de 20 millones de pesos para ''remodelación'', que nunca se aplicó ahí, sino en el gasto corriente de su administración, Robles obligó a pagos por este monto de 162 mil 271 pesos en febrero de 2004, y 197 mil 695 un mes después, entre las principales amortizaciones previstas.

Por la deuda restante con los bancos, que sumó al final del roblismo 199 millones de pesos, la renegociación de esos compromisos orilló a pagos mensuales desde septiembre de 2003 de 754 mil 741 y un millón168 mil 423 en enero siguiente.

En las postrimerías de 2002, Robles Berlanga autorizó la firma del contrato de compraventa en la escritura pública 15259, para los edificios de la glorieta Insurgentes. El 13 de diciembre de ese año, el PRD hizo la adquisición a la sociedad denominada General de Gas. La apertura final del crédito con Afirme fue en mayo siguiente. Robles había persuadido a su partido del programa de reubicación de la nueve sede. El documento presentado al comité ejecutivo sirvió para la ulterior gestión crediticia con Afirme.

''La imagen del partido debe ser consolidada'', señalaba uno de los argumentos roblistas. ''La mayoría de los problemas administrativos son males de crecimiento'', decía otro. Se requiere un ''cambio sustancial de la imagen del partido con instalaciones dignas, modernas, funcionales y una optimización de recursos para lograr alta calidad de ambiente natural'', era otro de los planteamientos. ''Transformarse en un partido a la altura de las expectativas de la ciudadanía'', remataba el texto.

Apenas el año pasado, tras los videoescándalos y el conocimiento público de la relación Robles-Ahumada, la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que Afirme fue el principal acreedor del empresario argentino. El ex consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia, ex integrante de la comisión anticorrupción perredista, denunció en su momento que había elementos para fundamentar que en la adquisición del edificio se produjo una ''triangulación'' ilícita de recursos.

El Organo Central de Fiscalización aseguró en su informe respectivo la contratación del crédito con Afirme para la adquisición del edificio por 50 millones de pesos relativos a la compra y 20 millones para la "remodelación", aunque estos últimos nunca se aplicaron para ese fin y fueron a dar al ''gasto corriente'', señaló.

La deuda perredista que dejó Robles se oficializó en 409 millones de pesos, compuesta por 199 millones de débito a los bancos y 160 millones a proveedores como Televisa, Televisión Azteca, Canal 40, encuestadoras, medios radiofónicos y escritos. Los 50 millones restantes se distribuyen en adeudos a Hacienda, al Infonavit y al Seguro Social.

La renegociación del adeudo total, emprendida hacia finales de 2003 bajo la presidencia de Leonel Godoy Rangel, en que participó el Organo Central de Fiscalización, incluyó el débito más intereses de los 70 millones que se pactaron por ambos edificios. Junto con esos intereses, la deuda sólo por este concepto representa casi la mitad de los compromisos partidistas con las instituciones bancarias.

El nuevo perfil de la deuda total representa que por el pago de amortizaciones de intereses este año los perredistas pagarán 78.1 millones de pesos, cifra que supera el gasto en cinco procesos electorales, más la celebración de la misma elección interna del 20 de marzo pasado y significa más de una cuarta parte de la disposición presupuestal de este año.

Una vez consumada la renegociación, el perfil de pagos de este partido entre amortizaciones de capital y pago del servicio de los adeudos con los bancos quedó como sigue hasta 2007: en 2004 se pagaron 48 millones de pesos; en 2005 la cifra será de 78.1 millones; en 2006 de 73.2 y en 2007 de 65.2 millones, cantidades que totalizan 264.5 millones de pesos.

El destino final de los vestigios decadentes de los edificios contiguos en la glorieta será definido en el futuro por el PRD. Mientras, este partido concluye una era en las instalaciones de la calle de Monterrey, en la colonia Roma, donde se asentó desde su nacimiento, hace 16 años.

A la fecha el PRD tiene activos fijos en 10 inmuebles, que según las previsiones del comité se venderían en los próximos meses con ingresos que podrían llegar a 100 millones de pesos. Eventualmente se utilizarían en parte para la rehabilitación de los edificios en ruinas.

En cinco sedes más el PRD renta los espacios, con un gasto conjunto mensual de 206 mil pesos. La nueva sede de la colonia Escandón comprende una superficie de 6 mil 450 metros cuadrados en ocho pisos y significará una erogación mensual de 300 mil pesos. La operación presume ahorros por la dispersión de oficinas hoy imperante, según la Secretaría de Finanzas.

Dentro del PRD, condenado a un pago que durará una generación, todavía se preguntan cuándo se abrirá el expediente de la comisión anticorrupción, presentado en el noveno Congreso Nacional, en el que se encontraron elementos suficientes para proceder penalmente por la deuda roblista y dar vista a la PGR. Los perredistas decidieron entonces regresar nuevamente el expediente al comité ejecutivo para su ''nuevo análisis''.