Federación y gobierno estatal acordaron destinar este año $178 millones para resolver 71 asuntos
Michoacán: rechazan 12 poblados negociar conflictos por tierras
Las pugnas tienen en promedio 33 años; diferencias limítrofes, el mayor problema, señala
Ampliar la imagen
Comuneros de Ocumicho reclaman la posesi�e predios de Llano de Pejo, en poder de ejidatarios de Tanganc�aro FOTO Jos�u�
Morelia, Mich., 28 de mayo. No obstante que este año se destinarán más de 178 millones de pesos para resolver los conflictos agrarios de la entidad, hay unas 12 comunidades de la meseta purépecha que no aceptaron ninguna negociación con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y con el gobierno del estado, afirmó el subsecretario de Asuntos Agrarios, José María Garibay.
"El caso de la Cañada de los Once Pueblos es el más singular, ya que poblados que tienen conflictos por límites de tierras con los pueblos vecinos, como Santa Cruz Tanaco, no aceptó negociar con las partes en disputa", añadió.
Comentó que en su más reciente visita a Michoacán, el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel acordaron para este año revisar 41 "focos rojos y 30 asuntos considerados focos amarillos".
"En el caso de los primeros, el funcionario federal y el mandatario estatal se comprometieron a aportar 50 por ciento de cada proyecto que se apruebe en favor de la parte que pierda en el fallo. Sin embargo, aclaró que en comunidades indígenas donde se requiere mucho dinero para resolver el conflicto -como en la nahua de Ostula, con pequeños propietarios-, la SRA asumirá ciento por ciento del costo", apuntó.
Otro aspecto importante del convenio firmado en el municipio de Ocampo es que la SRA enviará otro equipo a reforzar las mesas de diálogo entre las comunidades, para avanzar en este año, ya que sin duda los problemas no se han resuelto por la gran complejidad cultural e histórica de las comunidades, pero no por falta de voluntad de los gobiernos federal y estatal, subrayó José María Garibay.
El primer intento por resolver el problema de parte de la administración estatal y de la SRA fue el 7 de agosto de 2003, cuando se firmó el convenio para atender los siete focos rojos de la meseta purépecha.
Pero conforme pasaron los meses, y a solicitud de las propias comunidades, se acordó también atender los focos amarillos, y de esta forma prevenir mayores complicaciones a futuro.
El subsecretario de Asuntos Agrarios comentó que 52 por ciento del territorio nacional es propiedad social, ya sea ejidal o comunal. "Es evidente que los problemas agrarios deben resolverse, pero se requiere atención y voluntad política de todas las partes", dijo.
La región purépecha abarca 64 comunidades de 17 municipios, y aproximadamente 28 mil comuneros se disputan cerca de 250 mil hectáreas.
De esos poblados, 31 cuentan con resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes; cuatro más están en las mismas circunstancias pero no han sido ejecutadas; siete cuentan con sentencia del Tribunal Unitario Agrario, ejecutadas, y 14 no ejecutadas; hay cinco en trámite en los tribunales y tres con sentencia negativa en los tribunales unitarios.
Las comunidades en conflicto de la meseta, consideradas focos rojos, son: Pamatácuaro-Tarecuato; Ocumicho-Tangancícuaro; San Francisco Ichán-Tacuro; Paracho, Pequeños propietarios; Urapicho-Cocucho; Santa Cruz Tanaco-Cherán Atzicurín, y Tanaquillo-Huécato.
Hay avances entre Cocucho y Urapicho, donde se disputan 400 hectáreas, sin embargo, con los comuneros de Ocumicho y ejidatarios de Tangancícuaro no se ha logrado mucho, porque no aceptan que se les entreguen las mismas 477 hectáreas en otro sitio.
Cabe señalar que en fechas recientes el conflicto por la tenencia de la tierra y por la explotación ilegal de los bosques se ha recrudecido en la Cañada de los Once Pueblos, donde se involucran comuneros que se han enfrentado a golpes o inclusive donde ha habido violencia, como en Huécato, Tabaquillo, Uren, Santa Cruz Tanaco, Cherán Atzcicurin, Santa María Tacuro y San Francisco Ichán, además de la cabecera municipal de Chilchota.
Cárdenas Batel y el titular de la SRA han coincidido en señalar que son conflictos que tienen en promedio 33 años, por lo que habrá varias comisiones permanentes en la región, que estarán coordinadas con la Procuraduría Agraria.
El titular del Poder Ejecutivo del estado señaló que sin duda el problema es más complejo en la región purépecha, porque hay diferencias de carácter histórico, con límites de propiedad y con el aprovechamiento forestal", refirió.
"Cada conflicto generado por la tenencia de la tierra requiere trato especial, pero en el contexto de un convenio como el que se firmó, en el que jugarán un papel importante los ayuntamientos y las propias comunidades afectadas", enfatizó el jefe del Ejecutivo estatal.