Grupos paramilitares y programas de la Sedeso y de la SRA, piezas clave

En Chiapas no descansa la política contrainsurgente del gobierno federal

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Palenque, Chis. 28 de mayo. A fuerza de repetirse, ciertas palabras pierden su efecto, parecen vacías de significado o anticuadas, anteriores al "cambio democrático": militarización, paramilitares, contrainsurgencia. El efecto anestesia en la opinión pública queda reforzado por la sistemática negación gubernamental: esas cosas "no existen". Sólo "desarrollo social". El silencio de los medios se encarga del resto.

Pero las comunidades experimentan los efectos de la política oficial de guerra "inexistente" (o de baja intensidad) con una cotidianidad muchas veces terrible, y ciertamente heroica. Los municipios autónomos de la zona norte, agrupados en el caracol de Roberto Barrios, y el municipio de San Pedro Polhó en los Altos, son sólo los casos más extremos y peligrosos.

"Con las armas que nos dio Albores y que allí tenemos vamos a chingar a los zapatistas", alardean estos días (repito: estos días, hoy, hoy, hoy) los miembros de Paz y Justicia en Roberto Barrios, comunidad del municipio autónomo El Trabajo, donde, con vocación imparable, el gobierno insiste en establecer un "ambicioso" sitio ecoturístico. Un proyecto millonario y oscuro que tiene dividida a la comunidad e inclusive a otras circundantes, como Puyipá y Santa Cruz. Pareciera que de eso se trata: de dividir.

Piezas clave en este episodio son la delegada de Turismo en Palenque, Rosa Vacelis; los programas sociales y agrarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de la Reforma Agraria (SRA); el comisionado presidencial Luis H. Alvarez (gestor de inversiones y conversiones) y la organización magisterial-campesina Paz y Justicia, de la fracción que conserva el nombre original; existen al menos dos fracciones más, de identidad priísta o pablista. En la zona norte todas se proclaman "pacíficas". Todas están armadas y nadie las ha intentado desarmar, aunque tienen en su haber centenares de asesinatos, desalojos, violaciones y robos, todos documentados, todos impunes.

El proyectado balneario de Roberto Barrios es sólo una muestra más de cómo el trabajo gubernamental pone especial atención en los niños. La señora Vacelis lleva a pasear a los estudiantes y los adoctrina contra los zapatistas. La organización magisterial Socama fue el germen de Paz y Justicia, junto con las guardias blancas de los ganaderos de Tila, Sabanilla, Palenque, Tumbalá. ¿Y con quién, cacicazgos aparte, trabajan estos maestros? Con los niños y jóvenes choles y tzeltales que asisten a las escuelas oficiales.

En la zona norte (Tila, Sabanilla, Palenque, Chilón) las posiciones del Ejército se localizan, sin excepción, en tierras ejidales, "dentro" de las comunidades, y de preferencia cerca de las escuelas. Bueno, así ocurre también en otras zonas, como los poblados de Chenalhó, la cabecera municipal de San Andrés y las cañadas de Ocosingo (Tacitas, Patihuitz, Monte Líbano, Jordán, Ibarra; en lugares como La Sultana y San Quintín los soldados se establecieron a orillas de la comunidad). Pero el récord se lo lleva la base de Las Limas (Chenalhó), que rodea un jardín de niños.

Así, la influencia sobre las nuevas generaciones queda garantizada. Ganan "mentes y corazones", como demandan los manuales originales de contrainsurgencia elaborados por el Pentágono y "adaptados" para combatir la resistencia indígena zapatista. Entre más tiernos, mejor. Curiosamente, al calor del paro magisterial concluido hace una semana, el gobierno chiapaneco insistió en descalificar y desprestigiar a estos maestros. ¿La serpiente se muerde la cola? El Estado se vio obligado a reconocer el deterioro educativo, aunque no lo atribuyera a su propia política contrainsurgente (en la que el magisterio más oficialista, no el democrático, resulta pieza clave), sino a mera rivalidad prelectoral.

Naturalmente, la resistencia zapatista valora grandemente la educación. Incluso más que sus enemigos. Es una de las demandas iniciales que dieron origen al levantamiento indígena en 1994. Y la concibe como antídoto de liberación y tolerancia contra el envenenamiento constante, progresivo, casi científico, que genera la constrinsurgencia educativa, económica, agraria (ecoturismo y Procede incluidos) y política del gobierno.

A la luz de estos hechos, no parece fortuita la flamante cancelación por parte de BBVA-Bancomer de las cuentas que reciben y suministran la ayuda económica para la educación autónoma en las comunidades.

Por lo demás, los campamentos castrenses y cuarteles en Tila, por ejemplo, además de asentarse en tierras ejidales, y como de costumbre de manera impuesta, coinciden con los bastiones del grupo paramilitar Paz y Justicia (Nuevo Limar, Las Limas, Tila y Emiliano Zapata) o sirven para sitiar directamente comunidades zapatistas como en Jolnixtié, o bien Xanil (entre Chilón y Tumbalá).

Según observaciones directas del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE, 2004), en el territorio indígena donde se localizan los municipios autónomos existen 91 posiciones militares (de un total de 114 en todo el estado), incluidas grandes bases y cuarteles, que ocupan 5 mil hectáreas, y representan 21 por ciento de los terrenos en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional en el país.

Información oficial no existe, pero basta abrir los ojos para ver que la ocupación militar del territorio indígena es abrumadora. Por su parte, la inversión social alcanza hoy niveles históricos, y con frecuencia también histriónicos.

Cuando uno experimenta la hostilidad de los niños priístas de Paz y Justicia contra los niños zapatistas, la clínica autónoma y el campamento civil en Roberto Barrios (por volver al ejemplo inicial), uno comprende que la contrainsurgencia no descansa. Y que ningún precio es demasiado alto para la intervención militar, ideológica y social del gobierno mexicano, ayer de Ernesto Zedillo, hoy de Vicente Fox.