Trabazón PRI-PAN en temas como la autonomía del Ministerio Público

Aumenta el debate en el Senado sobre propuestas de Fox en materia judicial

La reforma es ajena a la tradición jurídica mexicana, dice la priísta Martha Tamayo

ANDREA BECERRIL

La discusión en el Senado en torno al paquete de reformas presidenciales en materia de justicia se intensificó en los días recientes. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) insiste en que se apruebe a la brevedad para que parte de su contenido pueda entrar en un periodo extraordinario, pero la mayoría priísta no está de acuerdo, ya que hay oposición a varios temas torales, como dar autonomía a la Procuraduría General de la República, agrupar a todas las policías en una sola corporación y cambiar el sistema penal actual por uno muy similar al de Estados Unidos, basado en los juicios orales.

El senador del PAN César Jáuregui señaló que, aunque la legislación no es por sí misma la panacea para acabar con el crimen organizado, las reformas propuestas por el Ejecutivo ayudarían mucho. "Es muy importante dar autonomía al Ministerio Público y el establecimiento de una sola corporación policiaca".

Sin embargo, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Martha Tamayo advirtió que el grueso paquete de reformas del presidente Fox -que implica modificar casi 20 artículos de la Constitución, crear 16 nuevas leyes y reformar otro tanto de legislaciones secundarias- pretende imponer un sistema penal ajeno a la tradición y evolución jurídica mexicana.

Hay además, dijo, elementos preocupantes en ese proyecto, de cambiar a un sistema similar al de Estados Unidos, que incluye los llamados juicios orales y la desaparición de la prisión preventiva. "Ello dejará a una enorme cantidad de delincuentes libres, hasta que se les dicte sentencia condenatoria y no creo que sea eso lo que la sociedad quiere."

La también jurista aclaró que en el grupo legislativo del PRI se oponen a dar autonomía a la Procuraduría General de la República, porque consideran que "es un intento por evadir la responsabilidad que tiene el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 71 constitucional, de velar por la integridad de los mexicanos, por su seguridad".

Por separado, el panista Jáuregui, que es también experto en materia constitucional, consideró preocupante la negativa de los priístas a dar autonomía al Ministerio Público, porque "precisamente esa falta de autonomía ha sido objeto de conflictos, como en el caso reciente del ciudadano López Obrador".

Recordó que "la decisión de quitar la inmunidad al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la tomó el presidente Vicente Fox y él mismo dio luego marcha atrás". En ese sentido, precisó, "es necesario un órgano de justicia que no se amilane por los señalamientos, que no actúe de manera política, sino conforme al marco de derecho. Es el reto".

Jáuregui dijo que confía en que se logre llegar a un acuerdo en torno a esos puntos medulares de la reforma foxista, para que las comisiones unidas tengan un proyecto de dictamen y el tema pueda llegar al periodo extraordinario, "que no debe pasar del mes de junio".

La ley por sí misma no será la solución para acabar con la delincuencia organizada, pero puede ayudar, insistió.

Sin embargo, el priísta David Jiménez, integrante de las comisiones dictaminadoras, precisó que será hasta septiembre cuando presenten los dictámenes, ya que lo vasto del tema requiere mayor tiempo. "El paquete del presidente Fox va a ser modificado en cuestiones de fondo; vamos además a incluir otras modificaciones que consideramos necesarias."

Entre ellas, una iniciativa de la senadora Tamayo para disminuir la facultad monopólica del Ministerio Público, "a fin de que los ciudadanos puedan denunciar directamente al juez hechos ilícitos que duermen el sueño de los justos en las mesas de las procuradurías de justicia del país".

El senador del PAN Fauzi Hamdan comentó, por su parte, que insistirán en el consenso con el PRI, para aprobar lo más que se pueda de la propuesta de Fox, dejando de lado el controvertido punto de la autonomía del Ministerio Público.