Michoacán, estado de los más golpeados por ese ilícito, dice abogada del Centro Pro
Exigen que la desaparición forzada sea delito de lesa humanidad
Familiares de desaparecidos y defensores de derechos humanos consideraron "urgente" que en México la desaparición forzada se tipifique como delito de lesa humanidad, ya que se trata de una práctica utilizada por el Estado como instrumento para "reprimir" a opositores y generar un clima de "temor e incertidumbre para la población".
Alejandra Ancheita, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que, pese a que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que la desaparición forzada es una violación "múltiple y continuada", en México se aprobó una reforma en 2001 para incluirla en el Código Penal Federal, "pero sin considerar las características de imprescriptibilidad y delito continuado, por lo que no contempla los graves abusos en que incurre el Estado al planear, ejecutar y ocultar la desaparición forzada".
Destacó que este 30 de mayo organizaciones como la Fundación Diego Lucero, Comité de Madres de Desaparecidos de Chihuahua, Alianza Nacional de Luchadores Sociales y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, entre otras, participarán en un foro para que en Michoacán sea tipificada la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, donde presentarán una iniciativa de ley para su discusión en el Congreso local.
Agregó que Michoacán es una de las entidades más golpeadas por este delito, en la que se han documentado 11 casos de desaparición forzada tan sólo en 2002, "aunque no se descarta que la cifra pueda ser mayor, si consideramos que existe un subregistro considerable".
Considerado por la doctrina internacional como delito que se aplica con "todas las ventajas del poder", la iniciativa propone que los estados doten a los ciudadanos de una herramienta de defensa "suficiente y necesaria para erradicar esta problemática".
La tipificación de la desaparición forzada, señala la propuesta, deberá contener, dada su mecánica y utilización para inhibir movimientos sociales, "el rechazo a cualquier causa excluyente de responsabilidad como la obediencia debida o instrucciones de superiores jerárquicos, así como prohibir que los responsables se beneficien de leyes de amnistía o perdón".
Asimismo se considera necesario incluir el tema de la penalidad por encubrimiento ante las dificultades que enfrentan las investigaciones para establecer la responsabilidad intelectual de los hechos. "De vital importancia es establecer un ámbito de competencia constreñido a las autoridades civiles, es decir, se debe excluir expresamente al fuero militar de las investigaciones, procesamiento y sanción de militares involucrados en la desaparición forzada."
Las organizaciones de familiares de desaparecidos y defensores de derechos humanos que suscriben la propuesta destacan que en la legislación que se establezca en la materia, es necesario establecer la obligación del Estado para que una vez establecida la responsabilidad "se repare el daño, indemnice, reintegre y restituya a la víctima y sus familiares, como establece el marco jurídico internacional".