Editorial
El abuso y la impunidad persisten en Jalisco
El gobierno del estado de Jalisco sigue siendo blanco de críticas en México y el extranjero por su negativa a investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos perpetradas el 28 y 29 de mayo de 2004 por la policía estatal en contra de altermundistas en Guadalajara, durante la tercera Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. A pesar de que hay indicios de que los agentes detuvieron sin motivo a más de 100 jóvenes y de que la mayoría de ellos fueron torturados, el gobernador Francisco Ramírez Acuña sigue empecinado en no reconocer esos abusos de hecho, aún hay cuatro manifestantes presos, aunque se negocia su próxima liberación; por el contrario, el funcionario ha felicitado y premiado a los policías que participaron en la represión y ha reiterado que volvería a actuar de la misma manera, actitud que garantiza la impunidad de los uniformados y sus mandos.
Ramírez Acuña ha ignorado las recomendaciones de organismos humanitarios la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional (AI), entre otros para investigar las denuncias de tortura y castigar a los responsables. "Es lamentable que las autoridades no tomen con seriedad las graves denuncias de abusos y que, por el contrario, se concentren en descalificaciones generalizadas contra los manifestantes", sostuvo AI en un comunicado difundido la semana pasada.
Esas denuncias indican que los manifestantes fueron torturados sistemáticamente por la policía estatal. Una investigación de la Dirección de Asuntos Internos y Jurídicos de Guadalajara, realizada por los regidores Javier Contreras Gutiérrez, Daviel Trujillo Cuevas y Martín Márquez Carpio, comprobó varias irregularidades en el arresto de los altermundistas, como fabricación de pruebas para acusar a los detenidos de robo calificado y daño en propiedad privada, declaraciones colectivas de detenidos y policías (acto prohibido por la ley) y averiguaciones integradas por un agente del Ministerio Público no calificado para llevar estos casos. Incluso existe un video en el cual "policías de Guadalajara reconocen que no detuvieron a los manifestantes que portaban cascos, tubos y palos, porque se pelaron, y agarraron a los que se quedaron", dijo Márquez Carpio. Además, hay que señalar que las investigaciones tan sólo abarcan al ámbito municipal, a pesar de que la mayoría de los agentes que participaron en la represión pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.
Pero estos señalamientos no han encontrado eco en el ánimo del gobernador, que ha preferido descalificar a los organismos de derechos humanos. Respecto al comunicado de AI, afirmó que se trata de una organización que sólo escucha "a los que se quejan" y no toma en cuenta al gobierno estatal. Y sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que "no ha tenido la atención de hablarle al gobernador de Jalisco para pedir hechos contundentes".
Aún más grave, el mandatario estatal persiste en su intención de acallar por todos los medios las protestas derivadas de este escandaloso caso. El viernes pasado, la Policía Municipal de Guadalajara violó el derecho constitucional a la libre manifestación al impedir una protesta y una conferencia de prensa en la que se informaría sobre la situación legal de César Naranjo Velásquez, Manuel de Jesús Pereira Anguiano, José Luis Alejo Vázquez y Francisco Felipe García, detenidos desde hace un año. Sin embargo, existe la posibilidad de que sean liberados en los próximos días debido a gestiones del Partido de la Revolución Democrática y de abogados de la Coordinadora 28 de Mayo ante el gobierno federal: al artista plástico regiomontano Naranjo Velásquez se le fijó fianza ayer sábado y se negocia una reducción de las fianzas de los otros tres detenidos.
Estos elementos demuestran que Ramírez Acuña es el gobernador de extracción panista más alejado del cambio propuesto en materia de derechos humanos por el presidente Vicente Fox, pues sus prácticas políticas recuerdan los capítulos más nefastos de la guerra sucia en nuestro país, como el uso de la tortura para obtener confesiones, lo que "pone en entredicho el proceso judicial", como indicó AI.