Pretenden desarticularlas con acusaciones falsas, dicen
Garantizar que los bancos actúen apegados a la ley, piden activistas
Defensores de derechos humanos consideraron "preocupantes" los ataques contra organizaciones civiles que laboran en pro de las garantías y las comunidades indígenas, como Enlace Civil AC, que el pasado 19 de mayo recibió una notificación de la sucursal del banco BBVA Bancomer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para cerrar todas sus cuentas argumentando que la institución "debe protegerse del lavado de dinero".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, calificó la medida como "arbitraria", consideró que "no existe fundamento alguno" para incurrir en "prácticas excesivas". Agregó que debe analizarse la posibilidad de emprender acciones jurídicas para garantizar que los consorcios bancarios "no actúen por encima de la ley al hacer acusaciones gratuitas que levantan dudas infundadas, lo que pone en riesgo el apoyo humano y material destinado a las comunidades indígenas".
Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, aseguró que las acciones contra diversas organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -que en abril pasado sufrió el saqueo electrónico de sus recursos financieros-, y el "acoso bancario" contra Enlace Civil, responden "a una estrategia utilizada por autoridades federales y estatales para desarticular organizaciones y movimientos, cuya primera etapa es desacreditar la labor realizada para garantizar su debilitamiento nacional e internacional".
Destacó que desde el inicio de la guerra sucia "se han seguido aplicando estas estrategias con la finalidad de dañar la credibilidad de las organizaciones civiles y facilitar la tarea de represión y acoso contra activistas, agrupaciones y la sociedad en su conjunto". Alertó sobre los riesgos de "tolerar" que estas acciones pasen inadvertidas sin exigir explicaciones a los bancos "que actúan de forma sospechosa y dañan la labor realizada muchos años en beneficio de los sectores más marginados".
Por separado, Mario Alberto Solórzano, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que ningún banco puede argumentar la probabilidad de que se incurra en un delito para cancelar la prestación de un servicio, ya que su actuación debe sujetarse a las leyes mercantiles nacionales, que "establecen claramente cuáles son las causas legales para suspender un servicio, y suponer que un cliente puede incurrir en un delito financiero no es una de ellas, mucho menos si no existen pruebas".
Aseguró que estas acciones "quebrantan la legalidad y el principio de presunción de inocencia", por lo que es factible iniciar acciones legales o civiles contra el banco, y "esclarecer los verdaderos motivos para obligar a que las organizaciones civiles no cuenten con servicios financieros que están al alcance de cualquier ciudadano".