Bolivia: las piezas de un rompecabezas
Un tenso y difícil equilibrio que amenaza con el colapso caracteriza la situación política de Bolivia. La confrontación social abierta desde 2000 durante la guerra del agua, que continuó con los bloqueos de caminos de las comunidades aymaras en 2000, 2001 y con la guerra del gas en 2003 parece insostenible.
Este año han ocurrido acontecimientos que develan la crisis política general. Recordemos los más notables para ver en conjunto las piezas del rompecabezas.
1) En enero ocurrieron tanto el paro en El Alto para expulsar a la trasnacional del agua Suez-Lyonesse des Eaux, como la masiva movilización cruceña en la región oriental vecina de Brasil, auspiciada por las ultraconservadoras elites cambas. La movilización de Santa Cruz terminó cuando Carlos Mesa aceptó la elección directa de los prefectos departamentales (gobernadores de los estados). En aquel entonces quedó pendiente la aprobación del Parlamento de un "referendo autonómico" que bajo la consigna "autonomía económica de los departamentos" buscaba que la administración de recursos naturales sea potestad de tales gobiernos regionales. Los mayores yacimientos de petróleo y gas están en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, al oriente y sur de Bolivia.
2) Entre febrero y marzo vino la amenaza de renuncia del presidente Mesa para intentar modificar la nueva ley de hidrocarburos que acaba de promulgar el Congreso. El punto de confrontación es que eleva los impuestos a las trasnacionales en 32 por ciento. Si anteriormente pagaban 18 por ciento de regalías por gas extraído, ahora deberán pagar 18 por ciento en regalías y 32 por ciento en impuestos no deducibles. Mesa, pese a haber quedado obligado a elevar los impuestos a la extracción por un referendo vinculante (julio de 2004), ha buscado eludir ese extremo amenazando con renunciar.
3) Esta semana se promulgó una nueva ley de hidrocarburos que ni el presidente ni los partidos representados en el Congreso ni las trasnacionales ni el movimiento social apoyan.
Dentro del movimiento social se distinguen dos posiciones. Por un lado, un sector más compacto en términos de discurso y estructura, cercano al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales: el sector cocalero y otros sectores campesinos quechuas, que han planteado desde hace meses una disputa en torno a la renta petrolera sintetizada en la consigna "50 por ciento de regalías sobre el gas extraído" (en Bolivia las regalías constituyen ingresos fiscales que se manejan regionalmente, mientras los impuestos se cobran y son administrados por el Tesoro Nacional). Por otro lado, en la confrontación política hay otro polo cuya unidad, aunque volátil, ha mostrado mucha energía y abarca a los vecinos de El Alto organizados en la Fejuve, los trabajadores formales e informales de esa misma ciudad organizados en la Central Obrera Regional, los trabajadores mineros y los cooperativistas, los sectores aún aglutinados en la COB y, sobre todo, los campesinos de occidente agrupados en la CSUTCB, que amenazan con bloquear los caminos a partir de hoy. Esta multitud comparte bajo distintas consignas una posición: disputar la propiedad de los hidrocarburos y la potestad de gestionar y usufructuar esa riqueza natural, esto es, la "renacionalización" de los hidrocarburos.
La población movilizada de El Alto tiene elementos para desconfiar del Ejecutivo y del Congreso debido a las burocráticas postergaciones para expulsar a la Suez-Lyonesse des Eaux y por la oposición de las autoridades para que se constituya una empresa pública-social, tal como quieren los vecinos. De ahí la radicalización de los pobladores de El Alto, que han propuesto un plan de tres puntos: renuncia de Mesa, cierre del Parlamento y renacionalización de los hidrocarburos.
Estas consignas parecen generalizarse en el occidente de Bolivia en una seguidilla de reuniones ampliadas y asambleas.
Hasta ahora, más allá de algunos dirigentes que hablan de la "toma del Estado", la gente ha dicho que quiere "disponer de la riqueza del país para bien de todos" -no para las trasnacionales-, que es una manera, según entienden, de "disponer sobre el destino colectivo".
Hay, sin embargo, otro conflicto paralelo: la exigencia del llamado "referendo autonómico" impulsado por las elites más conservadoras del oriente y sur. Si en enero terratenientes y empresarios orientales desmovilizaron a la población tras la promesa de Mesa de autorizar la elección directa de los prefectos departamentales, hoy se clarifica su interés: realizar un referendo que apruebe lo que llaman "autonomía económica", esto es, que se establezca la "potestad regional para decidir sobre los recursos naturales". Esto significaría que cada departamento podrá decidir e imponer sus regulaciones. Y las elites que promueven estas "autonomías" son las más viscerales defensoras de que el gas y el petróleo se sigan vendiendo en las condiciones actuales. De aprobarse las "autonomías", la ley de hidrocarburos actual dejaría de funcionar en agosto y se volvería a abrir la negociación con las trasnacionales, que tendrían que enfrentar a una población más dócil en las regiones orientales.
Hay, pues, todos los ingredientes para que la convulsión siga abierta.