El nudo chiapaneco
Desde hace un par de semanas trabajadores del magisterio y de la salud, así como diversas organizaciones campesinas, indígenas y de la resistencia civil chiapaneca se encuentran en paro en Tuxtla Gutiérrez, en rechazo a las políticas neoliberales, federales y estatales, dirigidas a privatizar los sectores de la salud y la educación. El movimiento, que viene a sumarse a la irrupción de nuevos actores en esa entidad del sureste mexicano, con el telón de fondo de un conflicto armado no resuelto con el EZLN, ha debido enfrentar una tendenciosa campaña de propaganda instrumentada por el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, quien, fiel a su política de recurrir a prácticas represivas para "resolver" conflictos sociales, procedió al despido masivo de maestros y maestras.
La "contrainsurgencia económica" del gobernador Salazar, vinculada con la imposición de planes neoliberales en el contexto del Plan Puebla-Panamá del Banco Mundial y del Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis), bajo el paraguas de la Unión Europea, tiene como antecedente el cierre del internado de la Escuela Normal Mactumactzá y un largo rosario de represiones contra campesinos de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, de la resistencia civil que exigen cuotas bajas en las tarifas de luz en Puerto Madero, Tapachula, y el movimiento que protestó por la imposición de un presidente municipal del grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila, a lo que se suma el caso de San José en Marqués de Comillas.
Otro punto de conflicto, en el cual interviene Salazar en un plano subordinado, ya que su "solución" recae directamente sobre el gabinete de Seguridad Nacional, es el de Montes Azules, donde el gobierno federal viene llevando a cabo la expulsión forzosa de familias indígenas, en su mayoría bases civiles zapatistas. La zona es el eje de una disputa intercapitalista e interatlántica entre multinacionales, con casa matriz en Estados Unidos y Europa, por los recursos energéticos y genéticos de la entidad, bajo pantallas "conservacionistas" y "ecoturísticas". Pugna en la que se inscriben la Ley de Bioseguridad (ley Monsanto), aprobada por el Senado en febrero pasado, y la compra de la multinacional Seminis, del Grupo Savia-Pulsar del magnate mexicano Alfonso Romo, precisamente por Monsanto, líder mundial en granos y oleaginosas genéticamente modificados, lo que ubica a esa firma estadunidense, favorecida por la administración de Bush, en el acceso sur de la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules, rica en agua, biodiversidad y reservas forestales.
Ese cúmulo de factores se inserta en la larga tregua armada entre el EZLN y el gobierno federal. El gobierno de Vicente Fox lo califica como "un conflicto de naturaleza política local que ya superó la fase de confrontación armada". Para el EZLN, en cambio, el conflicto ha derivado en una guerra de exterminio dirigida contra las formas de vida y reproducción comunitarias y opera bajo la forma de una guerra de baja intensidad, desde una visión de Estado que mantiene la lógica militar como factor dominante para imponer su solución. Frente a ésta, el movimiento zapatista define una estrategia de resistencia activa y autónoma, y de acumulación política y territorial de fuerzas, dirigiendo su discurso y acciones contra las fuentes de legitimidad del Estado. Sostiene que sus causas son estructurales y nacionales, y que para resolverlas se requiere una profunda transformación del Estado y del modelo económico, a partir del reconocimiento de los derechos indígenas, lucha que es hoy elemento de identitario fundamental del movimiento.
A partir de esas dos concepciones, y de las denuncias formuladas por diversos actores chiapanecos a una misión del Grupo Paz con Democracia en febrero pasado, que aluden a la existencia de una acción bélica gubernamental bajo la modalidad de "guerra integral de desgaste" y que alertan sobre una rearticulación de los grupos de poder político y económico tradicionales, así como de una reactivación de bandas paramilitares con apoyo del Ejército, la Seguridad Pública y el PRI local y nacional, se puede concluir que el conflicto de tipo militar sigue vigente, no obstante ese componente no se haya ejercido de manera intensiva y constante en la confrontación entre las partes.
La ausencia de las formas de la guerra abierta no indica el fin del conflicto, sino que a partir de la estrategia del Ejército federal, éste se manifiesta como una guerra contrainsurgente. Como parte del conflicto, el gobierno y el ejército siguen actuando en la lógica militar y autoritaria del Estado, desplegando su fuerza de manera desproporcionada: existen 91 campamentos castrenses sólo en la zona de conflicto, área donde el ejército garantiza el control territorial, administra y canaliza la violencia y, según la coyuntura, podrá recurrir de nuevo a una fase de paramilitarización. En tanto, no asume el carácter estructural del conflicto, la dimensión nacional y profunda de sus causas, la capacidad referencial del EZLN para diversos sectores de la sociedad mexicana y en particular para los pueblos indígenas, el gobierno ha optado por un esquema de achicamiento y de desgaste, procurando imponer soluciones a partir de sus diversas estructuras de poder y el uso de la fuerza.
El rápido viraje estratégico del EZLN hacia la ponderación de la lucha política e ideológica dentro y fuera de los marcos políticos institucionales, manteniendo una resistencia armada sin enfrentamientos bélicos en los territorios bajo su influencia, así como el fortalecimiento de su capacidad discursiva y de comunicación contra las fuentes de legitimidad del Estado, establecen una disputa no sólo en términos de causas y proyectos, sino modos de confrontación y vías de solución.
Es en ese contexto, en un año prelectoral, que se inscribe el actual conflicto entre Pablo Salazar y diversos actores sociales de Chiapas, lo que podría ser el caldo de cultivo para una nueva provocación del Estado con fines desestabilizadores.