Editorial

Narco: guerra perdida y ayuda externa

Ante el ostensible desbordamiento de la violencia y la criminalidad en el país de unos meses a la fecha resulta sorprendente, por decir lo menos, que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, asegure que el gobierno federal "no va a permitir que siga ese grado de violencia" y que atribuya la génesis del fenómeno a los éxitos imaginarios de las autoridades en su lucha contra las mafias del narcotráfico.

Ironías aparte, si se aplica esa lógica invertida, cabrá esperar, a mayores triunfos gubernamentales en la represión de la delincuencia, más y más intensas confrontaciones armadas, más y más sangrientos crímenes y un número siempre creciente de cadáveres, y la población acabará haciendo votos por un fracaso oficial que tenga como efecto paradójico una disminución de las balaceras y las ejecuciones, con un repunte de la seguridad pública.

La inconsistencia lógica que da origen al dislate del funcionario debe buscarse en los términos en los que está planteada actualmente la lucha contra el narcotráfico y en el círculo vicioso que plantea el hecho de que la actividad delictiva del trasiego de drogas es posible en la medida en que éstas se encuentren prohibidas. La producción, el transporte y la venta de estupefacientes seguirán siendo negocio a condición de que se les persiga, y sus ganancias serán proporcionales a las dificultades que enfrenten para realizarse.

Desde este punto de vista, el combate al narcotráfico es, desde hace mucho tiempo, una guerra perdida: por más que se destruyan cultivos y se decomisen envíos, por más que las cárceles se saturen de narcos y por más que se agraven las sanciones legales, las organizaciones delictivas consagradas a este negocio siguen proliferando y mejorando su organización, incrementando sus utilidades, aumentando su poder de fuego y multiplicando su capacidad de corrupción e infiltración de las instituciones encargadas de combatirlas. En la medida en que las autoridades ponen énfasis en impedir que la droga llegue a territorio del vecino del norte, las mafias se las arreglan para expandir el consumo de sus sustancias en territorio nacional y se diversifican a fin de incursionar en el narcomenudeo en el mercado mexicano.

Por si quedara duda de lo anterior, es pertinente referirse al informe "confidencial" elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se señala que los cárteles mexicanos, en vez de encontrarse desmantelados, como cabría concluir después de muchos años de "golpes demoledores" anunciados en el discurso oficial, se han consolidado como los principales introductores de cocaína al mercado estadunidense, y se refiere la existencia de por lo menos 100 grupos dedicados al trasiego de estupefacientes.

Ciertamente el narcotráfico es un fenómeno internacional y requiere de estrategias y acciones concertadas entre los gobiernos de los países afectados, ya sea que se trate de productores, territorios de tránsito, consumidores o dos o las tres cosas a la vez. Pero tales estrategias, para ser eficaces y compatibles con las soberanías nacionales, deben ser formuladas en forma equitativa, igualitaria y respetuosa. Pero en éste, como en otros terrenos, el gobierno estadunidense busca imponer sus políticas a otras naciones, y se ampara en la asimetría de las relaciones para conseguirlo.

La tendencia a convertir las adicciones y el narcotráfico en asuntos policiacos e incluso militares, en detrimento de estrategias sociales, de salud pública y desarrollo, se consagró en tiempos de Ronald Reagan, se flexibilizó durante los mandatos de Bill Clinton y ha vuelto a su rigidez y torpeza iniciales en las presidencias de George W. Bush. Por eso la determinación de la PGR de buscar ayuda en Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico resulta preocupante, en tanto que puede constituir una nueva puerta abierta a la injerencia y al quebrantamiento de la soberanía nacional.

Hoy por hoy, si realmente se desea elaborar una estrategia eficiente ante el problema del tráfico de drogas y sus fenómenos asociados ­violencia extrema y desbordada, generación de mercados internos, fortalecimiento de las mafias, descomposición y corrupción de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, oportunidad para el injerencismo estadunidense­, lo que menos se necesita es un discurso triunfalista. Es necesario, en cambio, empezar por el reconocimiento de que la guerra contra el narco ha fracasado.