La próxima semana la PGJDF podría enviar el expediente a la autoridad competente

Bátiz: "muy avanzada" la integración de pruebas contra Martínez Rojo

El fraude en Tláhuac, del que se acusa al ex delegado, es similar al de la GAM, indica

AGUSTIN SALGADO

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) prevé consignar la próxima semana el expediente del ex delegado de Tláhuac Francisco Martínez Rojo, quien desde el 11 de mayo se encuentra en arraigo domiciliario.

El procurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, refirió que la representación social tiene elementos suficientes para acusar al ex funcionario de haber cometido tres fraudes, que representaron una pérdida de alrededor de 30 millones de pesos al erario de la demarcación, durante su administración, entre 2000 y 2003.

"Estamos integrando la averiguación previa, la cual está bastante avanzada. Pensamos que en unos ocho días a lo sumo estará ya integrada para que el juez resuelva si se le procesa o no", expuso.

De acuerdo con el procurador, la forma de actuar de Martínez Rojo para favorecer al empresario Carlos Ahumada Kurtz fue "muy similar" a como se operó en el fraude a la delegación Gustavo A. Madero.

Es un caso "muy similar" al de Gustavo A. Madero, indicó. "Son obras que contrataron personas que fueron puestas previamente por Ahumada y su equipo en cargos específicos. Ponían a las personas en las delegaciones para que después les sirvieran para celebrar contratos y autorizarles pagos que no justificaban".

Uno de los funcionarios de nivel medio, a los cuales se refirió Bátiz Vázquez, es Luis Salazar Cano, quien trabajó en ambas delegaciones y actualmente se encuentra prófugo.

"Preferimos que el arraigo fuera domiciliario, porque entendemos que ese es el espíritu de la ley: que el arraigo no sea igual a una prisión. Martínez Rojo está arraigado en su domicilio y ahí es donde lo vigilamos", explicó.

El 6 de mayo, Martínez Rojo fue sentenciado a tres años, un mes y 15 días de prisión, luego de que el juez noveno de lo penal, Fernando Guerrero, encontró elementos de prueba suficientes para declararlo culpable del delito de promoción de conductas ilícitas; sin embargo, obtuvo su libertad bajo caución y logró salir del Reclusorio Norte.

Esta causa penal fue iniciada por el empresario gasero Enrique Medrano y el inculpado tuvo que enfrentar el proceso recluido, ya que el juez lo consideró "un sujeto peligroso para la sociedad".

Un día después de que la PGJDF obtuvo la orden de arraigo, Bátiz Vázquez, durante una vista a las Islas Marías, declaró que la institución a su cargo no utilizaría los 30 días de arraigo que le fueron otorgados y que el expediente por fraude genérico sería turnado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que éste a su vez lo asignara a un juez penal.