Libertad de cultos y antiterrorismo
Con fundamento en el principio moderno de la separación entre iglesias y Estado, el artículo 24 de la Constitución garantiza desde 1860 la libertad de creencias y cultos religiosos.
Teniendo en cuenta también su naturaleza laica, por la que imparcialmente preserva y garantiza los derechos religiosos de todos, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, vigente en México desde 1992, establece en el artículo dos el derecho de los individuos a no ser "objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas". El mismo artículo garantiza el derecho a "no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas".
En consonancia con ello, el artículo primero de la Constitución, reformado en 2002, prohíbe también toda discriminación por motivos religiosos. Como escribe Samir Amin en un artículo publicado en 2003, durante los años 80, cuando se anunció el desmoronamiento del sistema soviético, se diseñó una opción hegemónica que se granjeó al conjunto de la clase dirigente estadunidense (a sus establishment demócrata y republicano). Llevado por el éxito de su fuerza armada, que ya no tiene rival capaz de templar sus fantasmas, Estados Unidos eligió afirmar su dominio, en primer lugar por medio del despliegue de una estrategia militar de "control del planeta". La estrategia política que acompaña al proyecto prepara sus pretextos: terrorismo, lucha contra el narcotráfico o la acusación de producción de armas de destrucción masiva.
"Se trata sólo de medios, que son muestra de la propaganda en el sentido que Goebbels daba al término, eficaces quizá para convencer a la ingenua opinión pública estadunidense, pero cada vez menos creíbles en otros lugares". Sin embargo, el pasado 23 de marzo el Ejecutivo federal firmó en Waco, Texas, conjuntamente con el primer ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos, una declaración conjunta en la que se comprometen a tener un "enfoque común en materia de seguridad", con el fin de proteger a América del Norte de las amenazas del terrorismo.
Esto parece tener ya repercusiones en nuestro país, a pesar de que la Encuesta Nacional sobre la Discriminación acaba de informar que nueve de cada 10 mexicanos se sienten discriminados por motivos religiosos. Cooperar en la lucha contra el terrorismo no debe significar en nuestro país socavar los derechos humanos de una comunidad, a la que particularmente se ha querido estigmatizar y etiquetar en Estados Unidos, por considerar a sus miembros como potenciales terroristas.
En ese sentido resulta preocupante que el gobierno mexicano esté realizando labores de "vigilancia" hacia los miembros de la comunidad islámica en México, como reveló el pasado 12 de mayo Jorge Serrano Gutiérrez, titular de la Unidad de Investigación Especializada en Terrorismo y Acopio de Armas de la Procuraduría General de la República, durante su intervención en el ciclo de conferencias Security México, realizadas en el World Trade Center del Distrito Federal.
Indicó además que el gobierno da seguimiento a las actividades de esta comunidad cultural y religiosa, estudia su calidad de vida, su situación migratoria y que registra la entrada al país de personas del mundo islámico. Todo esto como parte de las medidas preventivas que ha adoptado el gobierno para hacer frente a posibles actos terroristas que pudieran afectar a Estados Unidos.
Profesar una religión en particular, cualquiera que ésta sea, no constituye de por sí una razón para compartir visiones fanáticas, radicales o extremistas. Ser musulmán no es sinónimo de ser terrorista. La religión, uno de los elementos que configuran la cultura de un pueblo es, además de un sistema de creencias, valores y prácticas, un derecho humano, formulado así en múltiples instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.
No sin razón la comunidad islámica en México, que a la fecha suma cerca de 600 personas, según datos del Instituto Nacional de Migración, ha denunciado el temor que siente ante tal situación de vigilancia, pues con ello se crean estereotipos basados en la paranoia del gobierno estadunidense, que terminan por crear un ambiente enrarecido y ponen en riesgo un derecho tan esencial como el de profesar libremente una religión, sin que por ello se sea objeto de discriminación o de señalamientos que poco contribuyen a la construcción de una sociedad solidaria y tolerante.
Por cierto que la mencionada declaración tripartita no dice absolutamente nada sobre los derechos de nuestros trabajadores migratorios en Estados Unidos, y socialmente sólo se pronuncia por el "cuidado del medio ambiente".