DESFILADERO
Represión estratégica en SLP
Marcelo de los Santos, gobernador a sueldo
Fox-Cárdenas Jiménez, la alianza para 2006
SAN LUIS POTOSI, 20 DE MAYO. Lejos de ser una medida caprichosa, adoptada en represalia por la publicación de alguna noticia incómoda, el boicot económico e informativo decretado recientemente por el gobierno panista de Marcelo de los Santos Fraga contra La Jornada San Luis forma parte de una estrategia basada en la represión de las organizaciones agrarias y populares para lograr dos objetivos en el corto plazo: el desarrollo de cuatro megaproyectos delirantes y la conservación de la Presidencia de la República en manos de los rancheros salvajes del Bajío.
Casi un año y medio después de haber asumido el cargo que hoy ostenta, Marcelo de los Santos ha trazado con gran claridad el camino que va a recorrer de ahora en adelante en San Luis Potosí, en estrecha alianza con las corrientes ultraderechistas de Querétaro, Jalisco y Guanajuato, que están listas para lanzar la candidatura presidencial del ex gobernador jalisciense, Alberto Cárdenas Jiménez, tras el derrumbe estrepitoso de Santiago Creel.
Con el respaldo entusiasta de Cárdenas Jiménez y, detrás de éste, la plena simpatía de Vicente Fox, De los Santos Fraga confía en que más temprano que tarde se pondrán en marcha los trabajos de la Minera San Xavier, que a grandes rasgos pretenden volar con dinamita el Cerro San Pedro -emblema del escudo de armas de la ciudad-, explotar de tal forma una mina de oro y plata a cielo abierto y separar los preciosos metales mediante un procedimiento llamado de lixiviación, que supone el uso de cianuro mezclado con agua en una superficie de cemento al aire libre y a unos metros de la carretera que baja a la capital o sube a la Sierra de Alvarez.
Todos los estudios de impacto ambiental coinciden en que la demolición del cerro, a razón de decenas de toneladas diarias en el curso de varios años, provocaría una nube permanente de polvo y ocasionaría gravísimos daños a las estructuras de las casas y edificios de la ciudad, por no mencionar que la mezcla de cianuro y de agua generaría cotidianamente vapores letales.
Por monstruoso e increíble que parezca el proyecto, De los Santos Fraga asegura a quien desee escucharlo que la minera es inofensiva, que los supuestos daños son "mentiras de la oposición" y que bajo su mandato entrará en funciones al costo político que sea, porque el progreso no puede ser detenido por la ignorancia del vulgo. Lo que el hombre no dice -tampoco hace falta, pues lo sabe todo el mundo- es que, desde el momento en que Minera San Xavier llegó a San Luis Potosí, don Marcelo entró a su servicio como contador público, tarea que ahora desempeña su hijo, Marcelo de los Santos Anaya.
Una isla en el desierto
El segundo delirio que está en curso no es de la autoría de don Marcelo sino del mismísimo Vicente Fox, pero el gobernador lo ha asumido como propio. Se trata de la llamada Megaduana, nombre que los rancheros neoliberales han asignado a la idea de crear una Zona de Libre Comercio, así, con mayúsculas, en los ejidos de La Pila y El Terrero, contiguos a la mancha urbana de San Luis, habitados por ejidatarios que han sufrido en carne propia los efectos de la contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, agilizados -¿o debiera escribir "agudizados"?- por las políticas campestres de Fox.
Bajo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, invención del foxismo con propósitos claramente saqueadores, los campesinos de La Pila y El Terrero actualizaron sus títulos de propiedad sobre las parcelas que heredaron de sus padres y, una vez terminado el trámite, fueron informados de que al tenor del artículo 127 constitucional "modernizado" por Salinas de Gortari, podían vender sus tierras porque, a-for-tu-na-da-men-te, ya no tenían en contra ese molesto impedimento de la ley.
No fueron pocos, en consecuencia, los ejidatarios de El Terrero y La Pila que cambiaron sus milpas por dinero, aunque muchos más, todavía, se oponen al despojo y de ese modo retrasan la inauguración de la Megaduana que, para describirla con sencillez, no sería sino un paraíso fiscal, una sucursal de las Islas Caimán, en medio del semidesierto potosino.
Peyotes contaminados y agua global
El tercer megaproyecto es, rectifico, una reciente y pujante realidad que nada bueno depara a los potosinos de a pie y mucho menos al entorno natural que habitan. Bajo la administración de don Vicente Rangel, un sujeto que no goza de la confianza de nadie por su prestigio de fraudulento, hace tiempo pita y pita un misterioso ferrocarril que va y viene de Estación Watley (cerca de Real de Catorce, 150 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis) a la frontera de Estados Unidos.
Este trenecito es el protagonista estelar de una empresa llamada Ferropuerto, que de aquí a la frontera se dedica al transporte de mercancías procedentes de las maquiladoras de esta región, pero de regreso vuelve repleto de desechos industriales, agropecuarios y quirúrgicos. En otras palabras, lleva tecnología y manufacturas de óptima calidad y retorna cargado de basura química y fisiológica, misma que no tiene un destino claro, pero, según suponen grupos ambientalistas de la entidad, es enterrada en el desierto bajo dudosas condiciones de seguridad, que cuentan, por supuesto, con el aval de Alberto Cárdenas Jiménez, el inefable secretario foxista del Medio Ambiente, que se hace de la vista gorda porque, como en muchas empresas locales más, don Marcelo de los Santos ha sido -y sigue siendo mediante su hijo homónimo- contador público del Ferropuerto.
¿Existe alguna diferencia ética entre Diego Fernández de Cevallos, presidente del Senado que aprovecha su cargo para ganar negocios en los tribunales, y Marcelo de los Santos, que gobierna en beneficio de las empresas que directa o indirectamente le pagan un sueldo? La pregunta es oportuna porque de los cuatro megaproyectos que tutela el Ejecutivo estatal ninguno es más vasto ni más ambicioso que el del Pujal-Coy, en el corazón de la Huasteca potosina, donde con recursos del Banco Mundial están en construcción dos termoeléctricas, una en Tamuín y otra en Tamazunchale, pero el combustible que desean utilizar para calentar el agua y producir el vapor que moverá las turbinas es nada menos que carbón de coque, un material supercontaminante que, desde luego, una vez más recibirá el aval de Cárdenas Jiménez.
Presos politicos necesarios
Desde que se recibió como contador público, Marcelo de los Santos trabajó para las empresas y los gobiernos de la clase política local. Cobró celebridad como auditor externo que jamás encontraba anomalías en los reportes de ingresos y egresos de patrones y amigos. A fuerza de acumular secretos administrativos y fiscales, aprendió a aumentar sus exigencias y llegó al punto en que se sintió listo para empuñar con su propia mano el mango de la sartén. Esto ocurrió en 1998, cuando externó su intención de ser candidato del PRI a la gubernatura, un puesto que debido a viejos compromisos contraídos desde los tiempos de Salinas le arrebató Fernando Silva Nieto.
Enojado por el desplazamiento se mudó al PAN, que asumió y apoyó su candidatura instantáneamente y, dice la voz popular, lo condujo al triunfo. No obstante, la maquinaria priísta le asignó la victoria a Silva Nieto y don Marcelo decidió convertirse en activo opositor. Tres años después se postuló como presidente municipal de San Luis Potosí y arrasó en las urnas. Entonces, con astucia, optó por el populismo y todos los viernes al caer la noche se encargó de montar un templete en la plaza de armas y contratar por igual a trovadores y orquestas que le permitían mostrarse en compañía de su esposa, Guillermina Anaya, como un jubiloso bailarín, cada vez más cercano a su pueblo.
Fue por esta vereda por donde llegó a la gubernatura el tercer día de 2004 y sin dilaciones echó a andar su proyecto, preparando el terreno en dos parcelas: cultivar excelentes relaciones con los medios informativos de la entidad -de lo que se encargó su directora de Comunicación Social, María Luisa Paulín, utilizando una partida mensual secreta, según explicaron a este enviado diputados del PRD- y, al mismo tiempo, desatar la represión selectiva contra las organizaciones populares y agrarias, con el claro propósito de colocarlas a la defensiva como medida de contención.
Pese a que más de 50 luchadores fueron detenidos en los cinco primeros meses del año, en las cárceles potosinas se encuentran como presos políticos sólo cuatro dirigentes: Primo Dothé Mata, del Frente Ciudadano Salvador Nava Martínez, de Tamazunchale; Víctor Ramírez Santiago, del Frente Campesino de Lu-cha por la Tierra, de la Huasteca; Acacio Ramírez Ramírez, del grupo La Concepción, de Ciudad Valles, y el líder de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular, Miguel Angel Wong Soto.
Según diversas fuentes consultadas, todos ellos están tras las rejas para que sus bases se desgasten en la defensa jurídica y no avancen en otras formas de lucha (lo que en realidad está por verse), pero a quienes don Marcelo les tiene más ganas es a los activistas del Frente Amplio Opositor, que han vapuleado legal y políticamente a la Minera San Xavier, la más absurda y obscena de las pesadillas panistas y foxistas.
Lugar declarado "inhóspito" para el ejercicio de la prensa crítica, San Luis Potosí aparece como un enclave estratégico en las ambiciones de los rancheros salvajes del Bajío que aspiran a quedarse, al menos otro sexenio, al frente del país. ¿No es ésta una razón de peso para reclamar enérgicamente el derecho de los medios informativos locales a ejercer una vigilancia periodística estrecha y atenta, sin boicots ni censuras preventivas?
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