Esta semana, imposible ordenar captura de Echeverría
La Femospp topará con burocratismo en juzgados
Si durante esta semana la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado consigna el expediente relativo a la matanza del 2 de octubre de 1968, corresponderá a cualquiera de los seis juzgados federales con sede en el Reclusorio Preventivo Sur conocer y en su caso admitir el asunto, ya que hasta el próximo domingo les corresponde la guardia y el turno para recibir peticiones de arraigo, aprehensión, presentación y detenciones provisionales con fines de extradición.
De hecho, la fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) no podrá ejercitar acción penal y solicitar a un juez federal la captura del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y de José Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial, entre otros ex funcionarios y militares, antes de las 8:30 horas o después de las 14:30 de hoy, mañana, el jueves o el viernes, ni podrá hacerlo durante algún fin de semana, debido a que lo impide el acuerdo general 23/2002 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal.
Incluso funcionarios del Poder Judicial Federal consultados explicaron que dicho acuerdo impide al Ministerio Público Federal (MPF) presentar algún pliego de consignación -en los casos en que no hay detenido y/o cuando se trata de un delito que no es considerado grave por las leyes mexicanas- fuera de los horarios mencionados.
Una vez solicitadas las órdenes de aprehensión contra los implicados en la matanza de Tlatelolco, el juez al que corresponda conocer del pliego de consignación tendrá que determinar si radica el expediente e inicia una causa penal. La radicación, debido a que se trata de delitos graves (genocidio y desaparición forzada), debe ser inmediata, es decir, podría ser en cuestión de una o dos horas.
En caso de que se radique formalmente el expediente, el juez federal contará -a partir de la radicación, no de la consignación- con 24 horas para resolver si gira las órdenes de aprehensión o sobresee (desecha) la causa penal correspondiente.
Seis jueces
Los jueces federales con sede en el Reclusorio Sur son:
Juan Moreno Miramontes, del juzgado 7 de distrito. Oriundo de Durango y con 42 años de edad, cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Juárez de Durango. Fue designado juez en 2000. Uno de los procesos que le ha tocado desahogar tiene que ver con delitos financieros imputados al ex banquero Carlos Cabal Peniche.
Antonio González García, juez 8 de distrito. Nacido en el Distrito Federal, de 41 años de edad, estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es juez desde 2000. Antes de estar asignado a la ciudad de México, estuvo adscrito como juez primero de distrito en el estado de México y le ha tocado atender casos relacionados con la delincuencia organizada y narcotráfico.
Fernando Rangel Ramírez, juez 9 de distrito. Tiene 34 años de edad, originario del Distrito Federal y egresado de la licenciatura en derecho en la UNAM. Fue nombrado juez de distrito en julio de 2002. Ese juzgado conoció del proceso que se abrió en contra de ex servidores públicos por el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Silvia Estrever Escamilla, juez 13 de distrito. Nació en el Distrito Federal hace 40 años y es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre sus actividades está la de haber sido agente del MPF en la PGR, y es juez desde 2002. Tiene a su cargo, entre otros casos, el Pemexgate.
José Leovigildo Martínez Hidalgo, juez 14 de distrito. Originario de Chiapas y con 38 años de edad, es abogado egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ocupa el cargo de juez de distrito desde el 16 de junio de 2001. Tiene a su cargo uno de los procesos penales que se le ha instruido al ex asambleísta René Bejarano Martínez.
Ranulfo Castillo Mendoza, juez 15 de distrito. Nacido en el Distrito Federal, tiene 48 años de edad y es egresado de la UNAM. Fue designado juez de distrito en enero de 2001. Llevó uno de los juicios instaurados al ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino Gustavo Ponce Meléndez y se manifestó en favor de la extradición a España del ciudadano mexicano de origen vasco, Lorenzo Llona Olalde.