El Procede va. Hasta el día de 27 de diciembre de 2004 iban trece entidades federativas que han declarado el cierre operativo del Procede: Sonora, Coahuila, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. No sorprenderá que se siga levantando la bandera blanca en otras entidades, pues el compromiso del gobierno foxista es concluir los conflictos agrarios y el Procede en este sexenio, al que le quedan menos de dos años, aunque en los hechos ya haya finalizado.

No obstante la publicidad oficial sobre las bondades y beneficios del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) es importante hacer notar que en poco contribuye a resolver los conflictos por la tenencia de la tierra, pues bajo los lineamientos en que opera no es factible su aplicación en núcleos ejidales mientras éstos no estén libres de conflictos, ya sea de rezago agrario, de linderos, y por inconformidades, entre otros.

Mucho menos consolida el patrimonio de los sujetos agrarios. Al contrario, abre las puertas para que éstos lo enajenen, mediante la compra-venta o cesión de derechos agrarios a otros ejidatarios o avecindados, o mediante la asociación con una sociedad mercantil, aportándolo como garantía a una sociedad de crédito o incluso mediante dominio pleno y entonces puedan vender como propiedad privada. Es decir, el patrimonio del ejidatario o comunero se sale del régimen de propiedad social. A quien da seguridad y certeza jurídica no es al campesino sino al que va a comprar, al que le van a ceder o el que va a invertir. El Procede es la pavimentación de la propiedad social hacia la propiedad privada, es decir a la privatización de la tierra ejidal o comunal.

Tampoco arraiga a los campesinos a su tierra. Al contrario, muchos ejidatarios o comuneros piensan que con el documento que les otorga el gobierno, ahora sí, pueden vender sus tierras, pues muchos de ellos --en la práctica-- los consideran como títulos de propiedad, aunque en realidad no lo sean, salvo los de los solares urbanos.

Lo que sí hace es promover la inversión pública o privada en el campo mexicano. Más esta última, ya que el sector gubernamental como es sabido por todos ha dejado morir al agro.

No es un programa voluntario, porque la institución principal encargada de operarlo, la Procuraduría Agraria, en la práctica se los impone a los núcleos agrarios, pese a que éstos cuentan --según la ley-- con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de gozar de autonomía y libertad. Acorde a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Agraria, la asamblea ejidal o comunal es el máximo órgano del ejido o la comunidad, tiene competencia exclusiva para la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, parcelada, de asentamientos humanos y las que tienen destino específico, entre otras. De hecho el gancho o amenaza que vierte la Procuraduría Agraria en los núcleos agrarios es que si no entran al programa, éste se cancelará y después si desean entrar lo tendrán que hacer bajo su cuenta, es decir, bajo sus costos y que el gobierno no los va a apoyar.

La Procuraduría Agraria viola la ley al no respetar la voluntad de las comunidades agrarias porque en los hechos fuerza a los campesinos --sea por necesidad o ignorancia-- a aceptar el Procede. Además, la Procuraduría Agraria impone metas a sus empleados para incorporar o culminar el programa, proceso en el cual, como se ve, no le importa la voluntad de la gente.