Que emiten las comunidades indígenas, ejidos, grupos de campesinos y organizaciones civiles reunidas en el poblado de San Isidro, municipio de San Gabriel, Jalisco, el 10 de abril de 2005.

Considerando que las políticas neoliberales que impulsa el gobierno, en complicidad con los grandes capitales, han provocado en los últimos veinte años la destrucción de nuestras comunidades y sus territorios, la migración forzosa de nuestras familias a las ciudades o al extranjero, y el deterioro absoluto de la economía campesina.

Considerando que las reformas del Artículo 27 Constitucional en el año de 1992, así como la aplicación de los programas de certificación de derechos ejidales (Procede) y de certificación en comunidades (Procecom), no tienen otro fin que la privatización de las tierras ejidales y comunales, así como la apropiación de nuestros recursos naturales a favor de las grandes empresas.

Observando que junto a dichas políticas antiagrarias, nuestras milpas están siendo contaminadas con maíces transgénicos, y que las aguas y los recursos naturales que conforman el patrimonio de nuestras comunidades y de la nación están pasando a manos de unas cuantas personas.

Recordando que un día como éste, pero del año de 1919, fue brutalmente asesinado el general Emiliano Zapata Salazar, quien diera su vida por la tierra y libertad de las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país.

Y afirmando nuestra convicción en defensa de las tierras, montes y aguas que corresponden a nuestras comunidades, con el espíritu que Zapata nos legara, así como nuestra firme voluntad por resistir como lo hemos hecho desde hace 513 años, emitimos la siguiente declaración:
 
 

Primero. Nos congratulamos con la decisión tomada por la asamblea general de ejidatarios de San Isidro el día de hoy, en el sentido de rechazar unánimemente la aplicación del Procede en las tierras de su ejido y exigimos de la Procuraduría Agraria respeto absoluto a la decisión adoptada por los campesinos de este poblado.

Segundo. Manifestamos nuestro profundo rechazo a la gestión del actual procurador agrario, el C. Isaías Rivera, no sólo por la ilegal campaña que ha desatado en todo el territorio nacional para obligar la incorporación de los núcleos agrarios al Procede, sino por su profunda parcialidad a favor de quienes han despojado el patrimonio comunal y ejidal de nuestros pueblos, al haber servido como asesor legal de la transnacional Nutrilite en su litigio de tierras en contra del ejido de San Isidro.

Tercero. Considerando que los programas de certificación formalmente tienen el carácter de voluntarios exigimos a la Procuraduría Agraria, a la Secretaría de la Reforma Agraria, al Registro Agrario Nacional y a los gobiernos locales que cese en forma inmediata la ilegal imposición del Procede y del Procecom en los ejidos y comunidades de la región Occidente y en todo el país. Advertimos desde este momento que en caso de que continúe la política coactiva de los gobiernos federal y locales para obligar nuestra incorporación a los citados programas, incrementaremos nuestras acciones de resistencia civil y acudiremos a las instancias internacionales para solicitar la protección de nuestros derechos territoriales y autonomía.

Cuarto. Exigimos que cese el anticonstitucional condicionamiento de los programas y subsidios gubernamentales a nuestras comunidades a cambio de nuestra forzada incorporación a los programas de certificación.

Quinto. Exigimos que en aquellos lugares, como las comunidades indígenas de Cuzalapa, Ayotitlán y San Andrés Cohamiata, todas del estado de Jalisco, donde el Procede se haya aplicado en violación de las leyes federales, las actas y trabajos técnicos respectivos se dejen sin efectos legales.

Sexto. Por último, llamamos a todos los campesinos del Occidente del país a no permitir la imposición del Procede en las tierras que sus padres y abuelos les legaron, muchas veces a costa de su vida, y los invitamos a unirse a esta lucha que hemos decidido fortalecer en defensa de nuestras tierras y de nuestros derechos colectivos fundamentales.