Hace unas semanas comenzaron a llegar a las autoridades agrarias comunales y ejidales de pueblos indígenas de diversas regiones del país y vastos territorios con bosque, selva y agua, dos cartas redactadas por funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que simulan que la comunidad receptora de las cartas es quien solicita de la dependencia su ingreso "al Programa de pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de Conafor".

El machote de una de las cartas, una joya de la falsificación, dice a la letra:

Esta solicitud la fundamos en la importancia en extensión de bosques y selvas que tienen nuestras tierras comunales y que hemos conservado en su riqueza y calidad hasta nuestros días. Las comunidades xxxx de xxxx representamos en conjunto xxxx hectáreas en las partes más altas de la Sierra xxxx de donde bajan las aguas que retienen las presas, riegan las tierras de los valles agrícolas y abastecen a las poblaciones.

Nuestras comunidades, como usted sabe, son también de las de mayor pobreza en el país, por la escasez de tierras de buena calidad para la agricultura, la falta de agua aún [sic] para el abasto de las casas y las distancias que hacen que nuestros productos nos los paguen muy baratos y no nos proporcionen ingresos suficientes para nuestras familias.

Por eso consideramos que en razón de los beneficios que aportan nuestras tierras para quienes reciben el agua que va de nuestros bosques, la región xxxx debe considerarse área prioritaria para atenderse con este programa, ya que reunimos las mejores condiciones para ser incluidos [...]

Como remate, los funcionarios agregan una cláusula final que es la clave de toda esta solicitud simulada: "Le agradecemos su atención a nuestra solicitud y confiamos en su criterio y conocimiento de nuestras condiciones y de nuestros bosques, [subrayado del autor] para atender lo que en justicia y con razones le exponemos". Siguen los nombres de los miembros del comisariado que debe firmar la carta, a cambio de un monto que no rebasa los 360 pesos por hectárea. En el otro machote se supone que las comunidades solicitan talleres de información de las alternativas "de pago por servicios ambientales, los compromisos que llevaría a cabo la comunidad, la revisión de las alternativas de aplicación de estos recursos y los acuerdos que se tomarán para hacer las gestiones necesarias" con el fin de que "estas oportunidades sean por acuerdo y con la opinión informada y participativa de la comunidad".

Para la Conafor, parece urgente este consentimiento previo a cualquier información (y no el consentimiento con información previa) para soltar el recurso de inmediato y para que las comunidades sean acreedoras a otros programas de Conafor y Semarnat.

El hecho, lejos de generar la firma instantánea de las cartas, comienza a provocar malestar entre las asambleas, que se sienten agredidas, y que ven en ese consentimiento amañado un nuevo despojo, en este caso, del manejo de sus propios territorios, de las formas en que, desde tiempos inmemoriales, los pueblos vienen cuidando, efectivamente, de los bienes comunes que existen en éstos. Con justa razón, hay desconfianza por la premura con que las autoridades quieren otorgar los recursos monetarios (previa firma) y el hecho de que hagan parecer que la comunidad solicitó un programa que ni siquiera han discutido previamente con las asambleas de comuneros. De firmarse las cartas por desconocimiento o corrupción de alguna autoridad comunal, será muy difícil que al inconformarse las comunidades puedan tener peso ante los tribunales. Ahora la imposición de un programa se disfraza de participativo para que no vengan esos de la sociedad civil a invocar el Convenio 169 de la OIT.

La cuestión es grave. Se simula que las comunidades fueron las solicitantes del programa y "desean" participar. Se pretende la firma de una carta que en los hechos enajena el manejo territorial ancestral que las comunidades indígenas han tenido durante siglos para poner en manos de los "expertos" del gobierno decisiones de escritorio sobre los vínculos de suelos, pendientes, plantas, animales y poblaciones humanas, con desprecio de los saberes ancestrales que mantuvieron manantiales, cuencas, mantos freáticos, ciclos de lluvia y otras condiciones que hicieron posible que los pueblos indígenas cuidaran de hecho del bosque y del agua durante milenios. Además, el gobierno se autolegitima artificiosamente lavándose la cara de una expropiación encubierta.

Esta andanada de Semarnat, a la que pertenece Conafor, se suma a una serie de irregularidades y premuras con que las dependencias quieren incluir a los pueblos en todos los programas imaginables, como el de Pago por Servicios Ambientales, los Reordenamientos Ecológicos y las Áreas Naturales Protegidas.

En realidad, existe todo un plan de privatización de cuencas hidrológicas y de vastos territorios llamados "áreas prioritarias" (de aportación de agua procedente de los bosques regionales, o de captura de bióxido de carbono), con el señuelo de resarcir el cuidado que los pueblos indígenas y campesinos han tenido de sus bosques, y con la pretensión (recalcada por las cartas en cuestión) de que los pueblos no saben cómo cuidar sus espacios y confían "en el criterio y conocimiento" de los funcionarios, lo que hace que se impulsen "reordenamientos ecológicos" para que sean las dependencias las encargadas de manejar los territorios indígenas (y claro, todos sus recursos).

Como bien lo pusieron los rarámuri de Chihuahua, enfrentados a esto mismo, cualquier reordenamiento territorial, sea mediante un contrato de servicios ambientales hidrológicos o mediante áreas de conservación, es en realidad una ruptura de lo que fueron desde siempre los territorios indígenas. Para los pueblos el territorio es el equilibrio que han logrado en sus relaciones, muchas de ellas sagradas, con el espacio que habitan, mediante sus saberes antiguos, por eso ahora los pueblos de diversas regiones del país comienzan a resistir cualquier reordenamiento territorial impuesto, porque atenta directamente contra su autonomía de una manera frontal.

Es cierto, hay un desequilibrio entre el cuidado que de los bienes comunes de la humanidad han tenido los pueblos desde siempre, y la utilización que de los mismos hacen empresas y urbes. Pero si este "pago" por que cuiden su bosque los pueblos indios lo sopesamos con la privatización de tierras comunales, la diseminación transgénica, la impunidad de los talamontes, la bioprospección, la deslealtad gubernamental hacia el sector campesino y la promoción de enclaves turísticos en las dizque áreas de reserva, su signo es bastante ominoso. Por lo pronto, mientras exista una inequidad en las decisiones, mientras las empresas sigan gobernando enmascaradas en actos de gobierno, "pagar" por el cuidado de los bosques generadores de agua y captadores de carbono, es reducir a una cantidad monetaria (que ni con todo el oro del mundo será suficiente) la complejidad del despojo que del agua, por citar sólo ese ejemplo, hacen las empresas mineras, petroleras, refresqueras, cerveceras y las productoras de energía y progreso empeñadas en acaparar toda el agua del mundo invirtiendo migajas que les permitan adueñarse también de las decisiones que competen a los dueños legítimos de territorios ancestrales.

En el fondo, su embate se dirige a desarticular los espacios de decisión colectiva que los pueblos siguen reivindicando. Esos espacios, en particular las asambleas de las comunidades indígenas, con una visión horizontal de lo que es gobernar, seguirán siendo el principal obstáculo al robo de los bienes comunes.