Privatizar antes que resolver
Seguramente porque milita en ese negocio familiar que es el Partido Verde Ecologista de México, los medios no destacaron los datos que ofreció la senadora Erika Larregul que muestran el absurdo en que nos encontramos en México en cuanto al manejo del agua. La legisladora afirma que cada año en nuestro país se gastan 40 mil millones de pesos en atender las enfermedades vinculadas con la contaminación del líquido. Los datos no son fruto de investigación alguna realizada por el partido al que pertenece la senadora, sino del Banco Mundial. Esa enorme suma de dinero es casi el doble de lo que se destina en el presupuesto federal a los asuntos ambientales o al programa de desarrollo humano, uno de los consentidos de la actual administración.
Sean o no ciertos los datos anteriores, es una realidad que las enfermedades derivadas de la falta de agua realmente limpia ocupan lugar destacado en el país y que hace falta una acción más vigorosa del sector público para prevenir los males y hacer cumplir las leyes aprobadas para evitar la contaminación del líquido.
Un ejemplo al respecto son las que obligan desde hace varios años a las poblaciones de más de 50 mil habitantes y a las actividades económicas a tratar sus aguas negras antes de descargarlas en las cuencas hidrográficas. Las sanciones monetarias por esta omisión ascendían hace dos años, y de acuerdo con datos del Banco Mundial citados por la senadora Larregui, a 55 mil millones de pesos. Lamentablemente, y pese a las medidas aprobadas para hacer más transparente la información gubernamental, el público desconoce los adeudos que por contaminar arrastran los organismos municipales, estatales y federales.
Mientras, las principales zonas metropolitanas y 180 ciudades tienen cada vez más dificultades para dotar de agua a su creciente población. Hoy más de la mitad de los mexicanos vive en ciudades con baja disponibilidad de líquido y apenas 6 millones puede decirse que no tienen problemas al respecto.
La tendencia es seguir sobrexplotando los acuíferos, 100 de los cuales, los más importantes, no reciben la atención necesaria, es decir, acciones para recargarlos y para que el agua que se extrae de ellos se use racionalmente y no se pierda en las redes de conducción. Reparar estas últimas, requiere inversiones que, sin bien elevadas, son urgentes porque permitirían aumentar una tercera parte el actual abasto en las ciudades más pobladas del país.
Entre tanto, el Distrito Federal y su área conurbada muestran un panorama desalentador, según datos proporcionados por el secretario de Obras de la capital, el ingeniero César Buenrostro: en la última década no ha recibido "una gota adicional de agua" proveniente de fuentes externas, lo que lleva a la sobrexplotación del subsuelo. Agregó que el servicio de abastecimiento está altamente subsidiado, se necesitan recursos para los programas de rehabilitación de la red, falta conciencia ciudadana para usar bien el líquido y urge detener la invasión de las áreas de recarga que captan el agua de lluvia. En especial la zona del Ajusco, donde, reconoce Buenrostro, sigue la invasión hormiga.
Parecería que la ineficacia oficial se pretende resolver privatizando los servicios públicos. Si son empresas trasnacionales, mejor. En este esquema, el gobierno se limita a "supervisar" el negocio. Los casos recientes de conflictos en varias ciudades latinoamericanas, como La Paz, en Bolivia, muestran que la prioridad de esas corporaciones privadas es obtener utilidades vía el aumento de las tarifas y la reducción extrema de los subsidios y los costos de administración.
En México, el Estado incumple la obligación constitucional de proporcionar agua limpia y los servicios adecuados de salud a la población. También falla en la tarea de hacer observar las leyes que garanticen el buen estado del sistema hidráulico -hoy en crisis (herencia de los gobiernos priístas)- y que el presidente Fox prometió resolver, sin éxito.
No debe extrañar entonces que nuestro país sea (luego de Estados Unidos) a escala mundial el que registra el mayor consumo per cápita de agua embotellada y donde convertir un bien público en privado es próspero negocio.