Danielle Mitterrand pidió que el líquido sea gestionado por el poder público
ONG realizaron en París protesta contra el lucro con el agua por el grupo Suez
Pueblos de AL, Indonesia y Filipinas, afectados por la falta de democracia en la distribución
Paris, 13 de mayo. "El agua para la vida y no para sacar provecho". Con este lema, diversas organizaciones no gubernamentales organizaron una jornada de protesta contra el grupo francés Suez, por su política aplicada en algunos países, entre ellos Argentina y Bolivia.
Activistas de diferentes países del mundo se reunieron en París coincidiendo con la asamblea general de los accionistas del grupo en la capital francesa.
La jornada se dedicó concretamente a la situación de los pueblos de Argentina, Bolivia, Uruguay, Indonesia y Filipinas, afectados por la "falta de democracia" en la distribución de agua.
Para los activistas reunidos en París, Suez ha puesto el lucro por encima del derecho humano de acceso al agua, aumentando las tarifas, cortando el agua a quienes no puede pagarla, rehusándose a expandir el servicio a los barrios pobres y amenazando con demandas legales cuando se rescinden los contratos.
La protesta comenzó en la Asamblea Nacional, con la intervención de Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente francés François Mitterrand y presidenta de la fundación France Libertés, que pidió que el agua "sea gestionada por el poder público".
"France Liberté reúne desde hace años testimonios del mundo entero sobre la dificultad de hacer frente las privatizaciones del agua", aseguró.
Según cifras de Suez, el beneficio anual del grupo fue de mil 800 millones de euros (2 mil 420 millones de dólares) en 2004.
"Mientras los accionistas de Suez están satisfechos con este rendimiento económico, los proyectos y políticas del grupo continúan negándole a la gente el acceso al agua en muchos países de todo el mundo", aseguraron los activistas..
Pero según los directivos de Suez, estos militantes "se equivocan de combate".
"La cuestión no es saber o no saber si los servicios de agua y saneamiento deben ser privados o públicos, sino garantizar el acceso universal. Y una gestión pública del agua no lo garantiza forzosamente", aseguró Alexandre Brailowsky, de Aguas Argentinas, filial de Suez en Buenos Aires.
Según él, distribuir agua gratis hará que el suministrador del servicio no realice su trabajo correctamente debido a la falta de recursos y entonces, los pobres se quedarán definitivamente fuera del sistema de distribución.
"No queremos agua gratis porque significa agua contaminada, que provoca enfermedades y mortalidad infantil", matizó Gladys Aristizábal, de la consultora Planeación Participativa de Colombia.
Según ella, los pobres son quienes acaban pagando más caro por el agua cuando la que reciben no es ni buena ni abundante.
En Argentina, grupos ciudadanos de Buenos Aires han pedido el fin del contrato del gobierno con la compañía Aguas Argentinas, filial de Suez, porque la empresa se niega a realizar inversiones para ampliar el servicio de agua potable.
Además, Aguas Argentinas ha sido acusada de subir el precio de las tarifas y cortar el servicio a aquellas personas que no pueden pagarlo.
Mientras tanto, en Bolivia, los ciudadanos de El Alto lograron después de continuas movilizaciones sociales que el gobierno presidido por Carlos Mesa rescindiera en enero el contrato con Aguas del Illimani, filial de Suez.
El presidente de la empresa francesa Suez, Gérard Mestrallet, declaró este viernes que el grupo mantenía "negociaciones bastante duras" con el gobierno argentino y que todavía no se había encontrado ninguna solución al diferendo que se opone a su presencia en ese país.
"En lo que se refiere a Argentina, todavía no hemos podido encontrar una solución. Estamos llevando a cabo negociaciones bastante duras con el gobierno", comentó Mestrallet en la asamblea general de accionistas. "Esperamos encontrar una solución antes de fin de año. O logramos un acuerdo o nos vamos", dijo.
El gobierno argentino amenaza desde hace varios meses con que la gestión del agua del gran Buenos Aires, de la que se ocupa la filial de Suez, Aguas Argentinas, pase a ser responsabilidad del Estado.
Grupos ciudadanos de Buenos Aires han pedido el fin del contrato del gobierno con la compañía Aguas Argentinas, porque la empresa se niega a realizar inversiones para ampliar el servicio de agua potable.
Además, Aguas Argentinas ha sido acusada de subir el precio de las tarifas y cortar el servicio a aquellas personas que no pueden pagarlo.