La nueva guerra del agua: Abengoa vs Bolivia
La "Guerra del Agua de Cochabamba" en el año 2000 en Bolivia fue una victoria popular. La protesta logró que se anulara el contrato secreto que el gobierno otorgó al consorcio Aguas de Tunari para abastecer el servicio de agua potable en la región.
Sin embargo, el consorcio expulsado contratacó: antepuso una demanda contra el gobierno boliviano ante una instancia del Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias relacionadas con las Inversiones (CIADI). La resolución de este caso resulta de vital importancia ante la posibilidad de que la Lyonnaise des Eaux-Suez tome medidas similares con El Alto.
El conflicto tiene historia. Desde 1996, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo condicionaron varios de sus créditos en Bolivia a la privatización de las empresas municipales de distribución de agua. En Cochabamba se adjudicó la concesión a Aguas del Tunari, propiedad en 55 por ciento de International Water Ltd. (Bechtel y Edison) y en 25 por ciento de Abengoa, SA. La empresa recibió una concesión exclusiva en el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización del agua potable desde las plantas de tratamiento o los pozos de agua hasta los usuarios. Siguiendo el parámetro del Banco Mundial de recuperación plena de los costos de operaciones, el contrato contemplaba en su inicio un incremento de 35 por ciento en las tarifas de los usuarios, previo a cualquier inversión o mejora del servicio. En realidad, se registraron aumentos en las tarifas de los usuarios de hasta 45 por ciento, y en algunos casos de más de 100 por ciento. Las tarifas fueron ajustadas al curso del dólar estadunidense, lo cual representó una grave pérdida del poder adquisitivo para una población de por sí en condiciones de extrema pobreza.
El acuerdo prohibía también el uso de fuentes alternativas naturales en zonas donde estuviera disponible el suministro de agua por parte del concesionario. Existía y existe en la región un sistema de auto-organización por parte de los ciudadanos, bajo la forma de cooperativas, asociaciones, comités de agua sin afán de lucro. El contrato no comprendía medida alguna de indemnización para las inversiones realizadas por pequeñas asociaciones autónomas. Tampoco respetaba los antiguos "usos y costumbres" que las comunidades indígenas han venido practicando desde tiempos inmemoriales y que han garantizado un acceso equitativo a este recurso. De esa manera, Aguas del Tunari adquirió un carácter monopólico, sobre las fuentes de usos comunitario y público, lo cual le permitió las intolerables alzas de tarifas mencionadas.
En ese contexto de mercantilización de un recurso básico para la salud y la vida de la población (uno de cada 10 niños en Bolivia muere antes de lo cinco años debido a enfermedades curables vinculadas con la falta de acceso a agua potable), se desencadenó la "Guerra del Agua", en la cual la represión gubernamental fue responsable de la muerte de un joven y de decenas de heridos. La guerra concluyó con la cancelación del acuerdo y la revocación de la Ley de Privatización. Los ciudadanos cochabambinos se articularon en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, constituyendo un amplio movimiento urbano-rural multisectorial y horizontal que representa un ejemplo a nivel mundial en las luchas contra la privatización y los efectos perversos de la globalización.
Hoy en día, contrariamente a la predisposición tanto de las otras compañías socias del consorcio Aguas del Tunari (Bechtel y Edison), como de los socios bolivianos, Abengoa, SA, persiste en obstaculizar una solución negociada con el gobierno boliviano. A un país agobiado por una deuda externa de 4 mil 867 millones de dólares que le impide aspirar al mejoramiento de las condiciones de vida de su población y le obliga a rematar sus recursos naturales, Abengoa, SA, exige el pago de 25 millones de dólares. Es necesario recordar ciertos datos: la inversión efectiva del consorcio en Cochabamba varía solamente entre medio millón y 2 millones de dólares, lo cual no tiene proporción con la suma demandada al gobierno boliviano. Por otra parte, 25 millones de dólares equivalen a: las ganancias de Bechtel en 12 horas o un tercio de los 78 millones previstos para la construcción de las nuevas oficinas de Abengoa en Sevilla; y en Bolivia: el pago anual de 3 mil doctores rurales o la construcción de 125 nuevas conexiones de agua potable.
En reacción a esta situación, una red de organizaciones ha iniciado una campaña mundial de presión sobre Abengoa para que abandone su demanda. Docientas 10 organizaciones y personalidades, así como 412 ciudadanos de 30 países, han enviado una carta a la trasnacional y a sus principales subsidiarias y mantienen una mirada vigilante sobre las medidas que tomará la trasnacional al respecto.
* Ambientalista boliviana