Reformas democráticas urgentes
El proceso de desafuero, selectivo y desaseado, contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal puso de manifiesto la manera tan burda en que los grupos conservadores y los fuertes intereses económicos y financieros de siempre pretenden limitar e inclusive excluir la representatividad política de los mexicanos.
Ello atrajo el rechazo contundente y crítico de la mayor parte de la ciudadanía. Sin embargo hay otras formas menos evidentes con las cuales los mismos sectores quieren seguir acotando y evitando el avance de nuestra democracia. Dos de ellas son, para hablar de las más urgentes, los obstáculos para evitar en el Senado la aprobación de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), en su conjunto, pero, para el caso que nos ocupa, en particular lo que se refiere a garantizar mejor la equidad de los partidos en la contienda electoral y la neutralidad en ella de los medios electrónicos; así como la resistencia para aprobar en el Congreso reformas imprescindibles al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), referentes a los tiempos y costos de las campañas, las formas legítimas de financiarlas y las facultades más amplias que requiere el Instituto Federal Electoral (IFE) para fiscalizarlas.
Todo esto hace que la sociedad civil y sus organizaciones sigan estando atentas y monitoreando también estos procesos, si no quieren que el año que entra se encuentren de nuevo con la sorpresa de unas elecciones legales, pero infectadas con la corrupción. Se dice, en efecto, que las elecciones federales de 1988 no fueron legales ni legítimas; las de 1994 fueron legales, pero con falta de equidad, y las de 2000 fueron legales y legítimas, pero desacreditadas por la corrupción.
Con el objeto de respetar los derechos políticos de los ciudadanos, garantizar el papel imparcial de los medios en la contienda electoral y asegurar el acceso equitativo a ellos de todos los partidos, para la promoción de sus candidatos y la difusión de sus plataformas, la subcomisión del Senado para el estudio, análisis y elaboración del anteproyecto de dictamen de la iniciativa de la LFRT propuso con razón, desde el 7 de diciembre del año pasado, que durante los 90 días previos a la jornada de los comicios, en el caso de la elección presidencial o de las gubernaturas, y 45 días antes en el caso de los demás procesos electorales, tanto federales como locales, un Consejo Nacional de Radio y Televisión, previsto como órgano regulador autónomo y vigilante del cumplimiento de la ley en una iniciativa ciudadana anterior, ponga a disposición del IFE la totalidad de los tiempos del Estado, salvo los dispuestos para la difusión de mensajes referidos a la seguridad nacional y a la salud pública, para promover el voto, y para que los partidos difundan sus plataformas y promuevan sus candidatos.
Propone igualmente que la radio y la televisión únicamente transmitan la propaganda electoral que sea contratada por los órganos electorales respectivos, con el fin de garantizar que los prestadores de tales servicios no participen, como muchas veces lo hacen, en la disputa política, favoreciendo con tiempos o tarifas a partidos o candidatos específicos.
"Si bien es materia de las leyes electorales establecer el grueso de las disposiciones para garantizar la equidad en el proceso electoral -dice con toda razón la subcomisión en la exposición de motivos-, el legislador puede contribuir desde la LFRT para que los prestadores de servicios de radio y televisión respeten el principio constitucional de equidad en sus espacios publicitarios, y para mantener a la radio y televisión al margen de la disputa electoral.
"En este sentido -añade-, no debemos olvidar que en el ámbito internacional las legislaciones en materia de medios de España, Portugal, Reino Unido, Francia y Canadá contienen disposiciones que prohíben o limitan la compra de tiempos de publicidad política en los medios, como una medida esencial para el funcionamiento de su sistema democrático".
Lamentablemente, como he dicho, esta iniciativa se encuentra todavía mañosamente detenida en el Senado, y lo primero que ha sido objetado por los grandes patrones de los medios electrónicos, y sus representantes particulares en el Congreso, es justamente la conformación de ese Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Ahora también entendemos por qué. Por otro lado, la sociedad civil organizada no debe olvidar en su lucha por la democracia que la población, excluida y extenuada por la desigualdad y la pobreza, ya no soporta campañas y precampañas electorales tan costosas, que dejan además muchas veces en la sombra el origen de los recursos con las que son financiadas. Ello sin hablar de un calendario nacional electoral tan reiterativo que únicamente distrae, a los representantes, de los verdaderos problemas que interesan a la gente.