Por seis votos contra cinco, la Corte reconoce la facultad presidencial de veto

Azuela inclina la balanza en favor de Fox en controversia por el presupuesto

JESUS ARANDA

Con el voto definitorio del ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció por mayoría de seis votos contra cinco que el Presidente de la República sí tiene facultades para vetar el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, al no alcanzarse una mayoría absoluta de ocho votos, quedó pendiente de analizarse si el presupuesto es un acto administrativo o una ley, y el examen de la validez de las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados al ejercicio fiscal 2005.

El fallo de ayer tampoco sienta un precedente como tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria; simplemente establece un criterio mayoritario que incluso pudiera cambiar en caso de que los ministros conozcan posteriormente otros asuntos similares, o bien que con la llegada de nuevos integrantes del máximo tribunal el sentido de la votación se modifique.

Cabe señalar que apenas en febrero pasado una mayoría de siete ministros consideró que el presupuesto es un acto administrativo -cuando revisaron el recurso de reclamación que interpusieron los diputados en contra de la suspensión concedida al Ejecutivo federal para la no aplicación de casi 4 mil 700 millones de pesos que forman parte de la presente controversia constitucional-, por lo que, de mantenerse dicho criterio, se convalidaría la legalidad del veto presidencial y la necesidad de que la Cámara de Diputados analice las observaciones del Presidente y, en su caso, las supere con el voto mayoritario de los legisladores.

Pero, en caso de que el pleno determine que el presupuesto es una ley, entonces la controversia planteada por el Ejecutivo sería desestimada, sin importar que la Corte haya aprobado el veto presidencial. Esto porque la Constitución señala que para invalidar una ley mediante una controversia constitucional se requiere el voto de ocho ministros, cifra que no se alcanzó ayer.

Al emitir su voto en contra de la mayoría, el ministro Genaro Góngora Pimentel advirtió: "No comparto la postura de reconocer la facultad de veto al Presidente de la República; me parece que creamos un problema y además este tribunal constitucional estaría optando no por una interpretación, sino por una reforma jurisprudencial de la norma fundamental".

Por su parte, el ministro Juan Díaz Romero se sumó a la postura de Góngora -al igual que Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo- y criticó directamente al Ejecutivo federal "por no acercarse a hacer labor política con los diputados" para aprobar el presupuesto en los dos meses que tuvieron ambas partes para discutir el asunto.

Advirtió también que al conceder potestad de veto al Presidente, si éste se queda "cruzado de brazos y se atiene al veto habrá incumplimiento de los términos constitucionales para su aprobación, ya que alguien no hizo el trabajo que le correspondía".

La minoría insistió en que la Constitución no prevé facultad alguna para el veto presidencial, porque la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de los legisladores. Además, alertó sobre el riesgo que implica que el Ejecutivo objete las modificaciones que en su momento realicen los legisladores, porque esto alargaría el proceso de aprobación del ejercicio fiscal en turno y se correría el peligro de que el país inicie el año sin contar con recursos, lo que sería "catastrófico".

Así las cosas, el suspenso sobre el sentido de la votación se mantuvo hasta que Azuela, en su calidad de presidente de la Corte, fue el último en emitir su sufragio e inclinó la balanza.

Después de fundamentar el sentido de su voto por más de una hora, en la que la argumentación jurídica ocupó unos cuantos minutos, Azuela justificó su postura: "A mí me llama poderosamente la atención que estos problemas (la discusión sobre la controversia) se hayan de algún modo ventilado como 'o triunfa el Ejecutivo o triunfa el Legislativo': se trata de que triunfe México".

Luego de insistir en que de lo que se trataba era de impartir justicia, cuando en la gran mayoría de los casos resueltos por la Corte el pleno ha votado en razón de lo que establece la Constitución, aunque no necesariamente se considere lo más justo, Azuela cuestionó también a sus compañeros de la minoría que habían advertido sobre el riesgo de que el presupuesto sea objeto de veto, porque ello podría llevar a que se retrase la entrega de partidas presupuestales al inicio de cada año fiscal.

El presidente de la SCJN criticó a los que ven esta posibilidad por "catastróficos", así como a los que apoyan la cultura del "todo o nada".

El punto del proyecto presentado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia que no compartió Azuela fue el relativo a la propuesta de que sea la Corte la que determine cuáles partidas presupuestales aprobadas por los legisladores son constitucionales y cuáles no, "porque ahí sí tendríamos el gobierno de los jueces (...) además de encaminarnos hacia una democracia judicial". Nunca, aseveró, como hicieron en su momento los ministros José Ramón Cossío, Juan N. Silva Meza y Sergio Valls en sesiones anteriores, "la Corte debe ir más allá de sus atribuciones".

Sobre este tema hubo ministros que consideraron que lo correcto sería que la SCJN se limite a invalidar el acuerdo de los legisladores y les ordene que analicen las observaciones que hizo en su momento el Presidente de la República sobre las partidas en disputa. De manera que, en los puntos donde no haya acuerdo, los legisladores superen el veto con la votación que determinen los propios ministros.

Por otro lado, siguiendo la línea del proyecto presentado por Ortiz Mayagoitia, el pleno determinaría también si el veto es "total" o "parcial". Es decir, si el Ejecutivo puede objetar partes del Presupuesto de Egresos, las partidas en las que los legisladores no tomaron en cuenta sus puntos de vista, o bien si dicho veto implica todo gasto aprobado por los legisladores.

El ministro Silva Meza precisó en su intervención que la fórmula aprobada ayer respeta el principio constitucional de que la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de los legisladores, pero al mismo tiempo, al validar la facultad de veto al Presidente de la República, se acepta la colaboración que debe existir entre los poderes de la Unión y se legitima democráticamente el procedimiento de aprobación del gasto público.