Huelga de empleados de Salud también afecta al primer estado; canceladas cirugías y consultas

Cumple una semana paro de maestros en Chiapas y Yucatán; el diálogo, estancado

ANGELES MARISCAL, ELIO HENRIQUEZ Y LUIS BOFFIL CORRESPONSALES

Al cumplirse ayer una semana del paro laboral que iniciaron trabajadores sindicalizados del magisterio en Chiapas y Yucatán -con lo que cientos de miles de alumnos de nivel básico han dejado de recibir clases-, las negociaciones entre los dirigentes del gremio y las autoridades estatales no presentan avances importantes.

En la primera entidad, trabajadores del sector salud también se encuentran en paro -motivo por el cual han sido canceladas un número indeterminado de ciru-gías, así como consultas externas en mil clínicas- y el diálogo entre líderes sindicales y funcionarios estatales se encuentra empantanado.

Los integrantes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han centrado su discusión con las autoridades chiapanecas en la exigencia de que sean liberados cuatro profesores aprehendidos a mediados de marzo pasado, luego de encabezar una manifestación.

Francisco Torres, líder sindical, argumentó en la mesa de negociación que la libertad de estas personas sería una muestra de que el gobierno chiapaneco tiene voluntad de resolver las demandas de su competencia, y abanderar la lucha de los aspectos que deberá atender la Federación.

Sin embargo, en reuniones por separado, los titulares de la Secretaria de Salud y de Educación en la entidad, René Estrada y Alfredo Palacios, respectivamente, han sostenido que no tienen la capacidad de dar respuesta a los requerimientos de los paristas.

Ambos funcionarios han argumentando que están abiertos a escuchar y atender los planteamientos que las dirigencias sindicales expongan, siempre y cuando "antepongan el beneficio de la sociedad chiapaneca a partir de la normalización de los servicios de salud y educación en todas las unidades y hospitales, y las escuelas del estado".

El conflicto se ha agravado porque la administración que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía continúa la campaña de desprestigio del movimiento, en los medios de comunicación.

En su último espot, se afirma que los sindicalistas "atienden a intereses político-electorales", y se les acusa de querer prolongar el paro hasta el próximo 20 de mayo, fecha en la que se unirían varios sindicatos de todo el país, quienes comparten una agenda política con miras al 2006.

En San Cristóbal de las Casas, Mayda Gil Rodríguez, secretaria de conflictos de la subsección 3 del SNTE afirmó que ante el "hostigamiento" de que son objeto los paristas por la policía estatal, los trabajadores enviaron una carta a la Organización Internacional del Trabajo y a la relatoría de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, para que dichos organismos "estén pendientes de lo que sucede en Chiapas".

Asimismo, Gil Rodríguez pidió el retiro de elementos policiacos, quienes se han apostado afuera de los centros hospitalarios "para hostigar a quienes participan en el movimiento".

En lo referente al conflicto laboral en el sector salud, una de las demandas del pliego petitorio de médicos y enfermeras de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSS) es que se otorgue a ese sector al menos 8 por ciento del producto interno bruto (PIB), a lo que el gobierno estatal ha respondido que esa decisión compete a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.

El dirigente Víctor Hugo Zavaleta explicó que en ese sector se espera una nueva crisis en los servicios, con la entrada del seguro popular y refirió que actualmente el personal de las mil 100 clínicas y hospitales que existen en la entidad no se dan abasto en la atención de los derechohabientes, ni se cuenta con suficientes insumos e infraestructura para atenderlos.

En ese sentido, pugnó porque se amplíe el presupuesto a la salud, que actualmente es de 2.1 por ciento del PIB.

Movilización policiaca alerta a maestros yucatecos en paro

Una sorpresiva movilización policiaca, con presuntos fines de adiestramiento, puso ayer en alerta a decenas de maestros que desde hace una semana mantienen ocupado el edificio de la Secretaría de Educación en Yucatán (SEE), en la ciudad de Mérida, quienes al ver a los agentes armados con toletes y escudos, se dispusieron a enfrentarlos con lo que tuvieran en las manos. Sin embargo, la situación no pasó a mayores.

A las 8 de la mañana de este lunes, unos 200 policías de grupos de elite, adiestrados en el manejo de armas y artes marciales, cercaron las instalaciones con los profesores dentro. Por momentos, los policías corrieron hacia los maestros gritando consignas de lucha, pero unos metros antes de llegar a ellos se detenían y regresaban a sus puestos; por una hora repitieron la misma acción, lo que mantuvo en alerta a los maestros paristas, quienes no desalojaron el inmueble.

El dirigente de la sección 33 del SNTE, Raúl Méndez Osorio, uno de los testigos del acontecimiento, subrayó que la movilización policiaca es un intento de intimidación para que los mentores desistan de su lucha y abandonen las instalaciones de la SEE, que ayer cumplió una semana de haber sido ocupada de forma pacífica por los manifestantes.

Como se recordará, los mentores yucatecos demandan al gobierno estatal, que encabeza el panista Patricio Patrón Laviada, entre otras cosas, eliminar la rezonificación de maestros e inspectores de educación primaria, mayor salario a los comisionados en el SNTE y disponer de bases y plazas sin la intervención de las autoridades educativas.

En tanto, el mandatario estatal planteó a los líderes del magisterio una nueva invitación al diálogo público y transparente para resolver los problemas en materia de educación, porque no atenderlos entrañaría mayores riesgos para la entidad. "El mayor riesgo, la principal amenaza que tenemos es quedarnos como estábamos; por lo tanto, urgen fórmulas para una mejor educación en Yucatán", afirmó en conferencia de prensa.

El titular del Ejecutivo estatal rechazó, una vez más, que se pretenda utilizar la fuerza pública para desalojar con violencia a quienes bloquean los accesos de la SEE.