Los caminos torcidos de la rectificación
A la alentadora respuesta presidencial para detener la embestida contra Andrés Manuel López Obrador y con ello la espiral de confrontación, siguió una postura de la PGR que si bien parecía favorable, incluyó ambigüedades y absurdos jurídicos que por lo menos alertaron sobre sus reales efectos. Sin embargo, la urgencia de alcanzar el clima de distensión propició que se evitara enfatizar los riesgos de una definición jurídicamente "prendida con alfileres". Se entendía que el descalabro político que significaba frenar las implicaciones penales que llevarían a la privación de derechos políticos a López Obrador plan-teaba de suyo dificultades serias con las fuerzas políticas que se involucraron en la aventura del desafuero, particularmente el PRI, que en voz de su dirigente nacional denunció una suerte de "traición" del foxismo a sus acuerdos, y en el PAN no dejaron de pasar la factura al titular de Gobernación.
No fue ciertamente impecable que la PGR afirmara: "el Ministerio Público de la Federación concluyó que, a pesar de que está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador en el delito que se le atribuye, actualmente no se tiene una pena exactamente aplicable al caso.
"Ante esa circunstancia y en ejercicio de sus atribuciones, el representante social de la Federación determinó consultar al subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delitos Federales, el no ejercicio de la acción penal, lo que posibilita que el C. Andrés Manuel López Obrador no sea sujeto a proceso penal alguno. Esta decisión está 100 por ciento dentro de la ley (Boletín PGR, 4 de mayo de 2005)."
Extraña, por cierto, hablar de la ley en porcentajes. Curiosamente los medios y analistas no enfatizaron el hecho de que se hablara de que el Ministerio Publicó determinó "consultar", parecía una forma de trámite dada la envergadura política de la decisión; sin embargo, hoy vemos que ésa es la tabla salvadora que el foxismo usará para mantener cual espada de Damocles la posibilidad de reanudar el análisis del expediente. Dejaron que medio mundo festinara "la decisión", inclusive la mayoría de los juristas alertaron sobre la incongruencia de señalar que se "acredita el cuerpo del delito" y luego se afirme que éste no tiene penalidad; entonces, ¿cómo se dio tal acreditación?
Por otra parte, la PGR se extralimitó al abordar terrenos propios de un juez, como es la decisión conclusiva sobre acreditaciones y responsabilidades. Precisamente el fin de semana, en el contexto de un acto proselitista del Presidente de la República a favor de su partido, el nuevo titular de la PGR aclaró que no hay desistimiento, sino que está a consulta la propuesta del Ministerio Público.
Así que al escenario de distensión pronto se le presentan nubarrones, pues con esa aclaración la decisión anunciada en un boletín de prensa no es tal, así que no se ha notificado a la Cámara de Diputados y el supuesto dueño de El Encino no puede impugnar algo que es sólo una "propuesta", como aclaró Daniel Cabeza de Vaca. La Corte, por su parte, sigue con la materia vigente en las controversias en torno al desafuero. Por lo pronto, la confusión generada corre a favor del foxismo, pues dieron la impresión de que tomaron una decisión "de Estado" y en los hechos se están guardando los ases bajo la manga.
Estas "precisiones" del nuevo procurador seguramente impactarán en la postura que tome el movimiento de resistencia civil pacífica, pues habrá de revisar con mucho cuidado si da por cierto que ya pasó el peligro de exclusión de López Obrador. Por lo pronto ya venció el término para impugnar la decisión del juez Olvera y en los hechos tenemos el expediente en "la congeladora" y al jefe de Gobierno ejerciendo su cargo. Sería altamente costoso que el foxismo decidiera rechazar "la propuesta" del Ministerio Público; más bien no hará ni lo uno ni lo otro, como diría el buen Perogrullo. Esta maniobra nos deja un saldo lamentable, especialmente en la visión que desde la sociedad se tiene sobre la perversión del derecho y su subordinación a la política; queda en la agenda mostrar evidencias de que con el derecho en la mano se puede avanzar en la democracia.
El jefe de Gobierno ya anunció el propósito de llevar la relación con el Ejecutivo federal en los terrenos de la normalidad institucional, mientras se perfila lo que sería la siguiente etapa del movimiento político que busca postularlo por su partido a la Presidencia de la República.
Por su parte, sectores del movimiento social que participaron en la marcha del silencio consideran que es el momento de asumir una postura autónoma frente a cualquier candidato a 2006 y de aprovechar la reactivación que les generó esta movilización democrática para avanzar en la articulación de una agenda política propia. Y, ni modo, nuevamente constatamos que caso que nace torcido, jamás su rectificación lo endereza.