Supervisan mediciones que realiza la SRA en la zona
Buscan evitar reubicación arbitraria en la Lacandona
Para frenar un posible desalojo de sus ejidos sin regularizar, los pobladores de 19 comunidades ubicadas en la selva Lacandona, Chiapas, acordaron con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) participar en las brigadas técnicas de medición dentro del programa de certificación comunal que solicitaron los lacandones, pero advirtieron que las mediciones se realizarán sólo en caso de que sea necesario establecer alguna colindancia.
En el ejido El Limonar, los indígenas se reunirán hoy con las autoridades agrarias para evaluar dichos trabajos. Miguel Angel García, integrante de Maderas de Pueblos del Sureste, comentó que la determinación de los indígenas tzeltales de dichas comunidades, localizadas al noroeste de la reserva de Montes Azules, es una acción de resistencia para evitar una reubicación arbitraria.
Comentó que el pasado 27 de abril los indígenas se percataron de que cuatro ingenieros del sector agrario, acompañados por 25 comuneros lacandones de Nueva Palestina y Frontera Corozal, estaban "delimitando" las tierras que desde hace más de 30 años ocupan los tzeltales y que las autoridades agrarias no han regularizado, aunque varias de ellas existen desde antes del reparto agrario a los lacandones.
Los ejidos Lacanjá, Citalapa, Ranchería Asia, El Limonar, Arroyo Granizo, Nuevo Francisco León, Colonia Nuevo Guerero, Lázaro Cárdenas, Santo Domingo, Niños Héroes, Francisco Villa, La Laguna, 20 de Noviembre, El Paraíso, El Chamizal, San Antonio Escobar, Santa Rita, Plan de Ayutla y Nuevo Jerusalén "se unieron en un solo pueblo y en un movimiento de resistencia civil pacífica; hicieron a un lado sus diferencias políticas, partidistas, religiosas e incluso de organizaciones, para detener los trabajos de medición", abundó García.
El 2 de mayo, agregó, los ejidatarios lograron que las autoridades aceptaran la instalación de la "mesa de atención interinstitucional San Javier", en la cual se acordó que los ejidos "irregulares" que se hayan medido y cuenten con documentación técnica agraria ya no volverán a ser sometidos a una evaluación técnica, excepto cuando se requiera verificar los puntos de colindancia y se programe la visita de los técnicos agrarios.
También se instaló una mesa de atención permanente hasta que culminen los trabajos técnicos informativos, en los que estarán representantes de la SRA, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el gobierno del estado, para que se revise cada uno de los casos y se tome el acuerdo de trabajo de campo y documental necesarios para determinar la situación del ejido.
Miguel Angel García pidió a organizaciones no gubernamentales de diversa índole apoyar a los indígenas tzeltales en la defensa de su derecho a la tierra y cultura, ya que diversas corporaciones multinacionales pretenden la privatización y entrega de los recursos naturales.
Matilde Pérez U.