UN CHICO MUY MALO
El proceso legal que enfrenta Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, Elektra, Iusacell y otras empresas, a quien las autoridades de México y Estados Unidos (EU) acusan de haber usado información privilegiada para obtener ganancias en perjuicio de los accionistas minoritarios de sus empresas, influirá en la forma en que se conduzcan los grandes negocios en el país.
Es un asunto de alcance mayor a un pleito en los tribunales. Es más que un caso de conductas indebidas e ilegales que, por cierto, proliferan. Y, por supuesto, tiene un significado mayor que la multa de 27 millones de pesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso a Tv Azteca y a Salinas Pliego. La evolución del caso y las decisiones de las autoridades y los jueces definirán asuntos como: el desarrollo del mercado de valores, la protección para los inversionistas de empresas que cotizan en la bolsa y de los ahorradores que tienen sus fondos de pensiones de las Afore y las garantías para la inversión extranjera.
Típicamente, las prácticas del gobierno corporativo, conforme a las leyes mexicanas, es responsabilidad de uno o más directores de las empresas, que no son necesariamente ejecutivos de las mismas. En esencia, es un aspecto de la autorregulación de cada compañía, por lo que esto representa su solvencia financiera y la de quienes colocan su capital. Debido a que casi 95 por ciento de los negocios en México son de corte familiar, existen limitaciones para el desarrollo de un modelo de autorregulación empresarial. Salinas Pliego y su familia poseen 60 por ciento de las acciones de Tv Azteca.
En 1999, especialistas convocados por la Bolsa Mexicana elaboraron el Código de prácticas corporativas, que busca mejorar la forma en que, por ejemplo, las empresas rinden cuentas a los accionistas minoritarios, aunque es de cumplimiento voluntario.
En el mercado de valores las empresas consiguen recursos mediante la emisión de acciones que venden al público. Los inversionistas minoritarios contribuyen con su capital al desarrollo de la empresa y obtienen a cambio un rendimiento en forma de utilidades distribuibles. Para cuidar de su inversión se requiere de transparencia en cuanto a la calidad y oportunidad de la información que la empresa entrega "al mercado".
Cuando Salinas Pliego compró con rebaja la deuda de esa empresa, que después vendió a su precio real, obteniendo una ganancia personal de 109 millones de dólares, no incurrió en un delito. Lo ilegal fue no informar "al mercado" que era dueño del intermediario de la operación. Es decir, usó en beneficio propio información privilegiada. Salinas es investigado en EU y en México. Aquí, además de la multa, enfrentará cargos penales por uso de información privilegiada. En el futuro, los inversionistas grandes y pequeños, nacionales y extranjeros, podrán estar más seguros si las autoridades mexicanas les garantizan que sus derechos están protegidos. Es decir, si el castigo por cometer una ilegalidad es mayor que el premio obtenido por medios cuestionables, se habrá dado un paso importante en el reforzamiento del gobierno corporativo en el país.
El lunes pasado, Salinas anunció que convocará a las asambleas de accionistas de Tv Azteca, Iusacell y Elektra para proponerles que sean retirados los títulos de esas compañías del mercado de Nueva York.
Salinas, quien no duda en usar el poder televisivo para promover sus intereses personales, usando una concesión pública, entabla incluso un pleito directo con la Secretaría de Hacienda. Así, este es un asunto competencia del Estado. Este empresario que disfruta con su imagen de chico malo, en realidad parece más un niño berrinchudo que se lleva sus canicas cuando las reglas no lo favorecen. Esa es una de las formas anacrónicas y perniciosas en que funciona todavía la economía y el sistema político mexicano. Esta es parte también del mentado estado de derecho aún endeble §