El nuevo régimen fiscal de Pemex
En días pasados el Senado de la República aprobó el llamado nuevo régimen fiscal de Pemex. Si lo aprueban los diputados, se pasará a un nuevo régimen que -a decir de los senadores- no afectará en el corto plazo los ingresos fiscales del gobierno y, sin embargo, garantizará una empresa financieramente sana.
Cierto, la propuesta tiene definiciones interesantes. En primer lugar, el pago de un derecho ordinario por todos los barriles producidos, que a partir de 2006 irá de 87.81 por ciento en el año 2006 cuando el precio sea inferior a los 20 dólares y hasta 78.76 cuando este precio supere los 28 dólares y que, en plazo de siete años experimentará una baja gradual hasta llegar a 79 por ciento en 2013, independientemente del nivel de precio.
En segundo lugar la posibilidad de diversos tipos de deducciones al derecho ordinario: a) total de inversiones en exploración, recuperación secundaria y mantenimiento no capitalizable, desarrollo y explotación de yacimientos; b) 20 por ciento de inversiones de desarrollo y explotación de yacimientos; c) 5 por ciento de inversiones en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento; d) deducción del costo de producción reconocido anualmente y que, en el año 2006, sería de 6.50 dólares por barril en el caso del crudo (el mismo cuando tiene gas asociado) y 2.70 dólares por mil pies cúbicos de gas natural (cerca de 15 dólares por barril equivalente de crudo), para el caso del gas natural no asociado; e) 0.05 por ciento para un fondo de investigación científica y tecnológica; f) 0.003 por ciento para la Auditoría Superior de la Federación.
En tercer lugar, el pago creciente de un derecho extraordinario -también por todos los barriles producidos- para fortalecer el fondo de estabilización petrolera, correspondiente a 1 por ciento de los ingresos brutos cuando el precio medio anual supere los 22 dólares por barril y hasta de 10 por ciento cuando supere los 31 dólares.
En cuarto término, el pago de un derecho también extraordinario de 13.1 por ciento sobre el diferencial de precios, cuando el promedio anual supere el precio presupuestado en la Ley de Ingresos.
En quinto, la participación de parte de los derechos ordinarios en la recaudación fiscal participable a municipios, comenzando con 65.5 por ciento cuando el precio sea inferior a los 20 dólares y hasta 74 por ciento cuando sea superior a los 35 dólares por barril.
Finalmente, y como base de este nuevo régimen y de manera anual -se indica en la iniciativa-, la Secretaría de Energía propondrá al Congreso de la Unión la aprobación anual de las plataformas máximas de extracción y de exportación de hidrocarburos.
Es indudable que hay ya una primera idea de lo que pudiera o debiera ser un nuevo régimen fiscal. Sin embargo, no logro superar cierta sensación de improvisación y superficialidad en este "nuevo régimen", en el que no se ha ido a fondo. Menciono cinco carencias fuertes:
Una primera y acaso la más importante es la aprobación sin contar con información sólida y actualizada sobre los yacimientos que se explotan (o explotarán) y que serán sometidos al "nuevo" régimen fiscal (más de 300 campos y de 5 mil pozos de crudo y gas natural). Y como consecuencia de esto, una vez más se cae en un régimen fiscal un tanto discrecional y regresivo, que da un tratamiento general y global a campos y pozos que debieran ser considerados en su individualidad.
Una segunda -resultado de lo anterior- es la del "aparente" descuido con el que se trata al gas natural del que, ni siquiera y como sí se hace en el caso del crudo, se ofrece un precio de referencia para determinar su fiscalidad. Esto resulta muy delicado en el caso de los yacimientos de gas no asociado, los que -curiosamente- el director general de Pemex desea dar a explotar al sector privado.
La tercera carencia se vincula al hecho de que aun en el caso de que Pemex lograra retener un porcentaje mayor de sus ingresos, este monto será relativamente ridículo en relación con lo que se ha registrado este sexenio. Dado el nivel actual y esperado de precios para los próximos siete u ocho años, este régimen no representa ninguna mejoría respecto a la situación actual. Para documentarlo sólo baste decir que en este sexenio el gobierno de Fox se ha apropiado de 77.7 por ciento de los ingresos brutos por venta de petróleo de Pemex y que, según la nueva iniciativa, se apropiará de 79 de los globales (crudo y gas natural), cuando el precio sea superior a 28 dólares y de más de 80 por ciento si es inferior. Esto hace pensar que la mejoría cuantitativa será absolutamente insignificante.
Termino señalando una cuarta carencia al enfatizar que aun en el caso de que Pemex lograra más fondos, no hay ninguna orientación sobre su utilización, su destino, sus prioridades. Menos aún de las fuentes alternativas de ingresos de un gobierno que dejaría de recibir parte de los fondos petroleros. Una vez más la discrecionalidad. Precisamente por eso, es urgente trabajar en las características del nuevo Pemex que queremos y necesitamos, y profundizar y extender la exigua medida que obliga a que las plataformas de producción y exportación sean aprobadas anualmente en el Congreso a propuesta del secretario de Energía, cosa que -por cierto- ya se hace en los Criterios de Política anuales, a propuesta del secretario de Hacienda. Esto es -acaso- lo más nuevo del régimen fiscal. Una vez más, el parto de los montes.