No ha propiciado el esclarecimiento de los hechos, señala
Fox, cómplice de la barbarie de la guerra sucia: Ibarra
La investigación castrense que involucra a Riviello y Cervantes, otro mecanismo para taparse entre todos, acusa
Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar en torno a los hechos sucedidos en la llamada guerra sucia, que involucran a Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre, ex titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como al ex procurador militar Mario Guillermo Fromow García, es un mecanismo más para "taparse entre todos y tratar de arreglar las cosas, pero sin señalar a los principales responsables, como los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo", afirmó Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de la organización Eureka.
Señaló que si bien los ex titulares de la Sedena "deben tener mucha información" sobre los crímenes cometidos en esa época, ya que ocupaban importantes cargos en la 27 Zona Militar, ubicada en Guerrero, afirmó que "no son los únicos responsables, ya que los ex presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, como jefes supremos de las fuerzas armadas en su momento, deben ser considerados como los principales culpables de estos hechos".
Agregó que Vicente Fox Quesada también es "cómplice de toda esta barbarie al no propiciar el esclarecimiento de los hechos y aprobar con reservas la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la que estableció que ningún militar involucrado en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad podrá ser juzgado por tribunales civiles".
En entrevista por separado, Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68, consideró necesario que las acusaciones contra integrantes de las fuerzas armadas involucrados en violaciones a las garantías individuales durante el periodo de la guerra sucia se integren "en un solo expediente que permita llevar ante la justicia civil a todos los que participaron en estos hechos".
Destacó que los juicios militares no garantizan la impartición de justicia, "limitan la información a las víctimas y suelen operar bajo mecanismos de sigilo que no permiten conocer el desarrollo de los procesos ni asegurar una efectiva rendición de cuentas, ya que en el Ejército subsiste la reticencia a informar sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos en que incurren sus integrantes".
En ese sentido, Ibarra de Piedra consideró irónico que la causa para profundizar en las investigaciones sobre lo ocurrido en la década de los 70 en la 27 Zona Militar, donde ocurrieron al menos 22 asesinatos de campesinos, sea la preocupación de que surjan nuevas denuncias que lleven al descrédito"de las fuerzas armadas, cuando los delitos que se les imputan son "violaciones flagrantes a los derechos humanos".
Indicó que la labor realizada durante muchos años por las organizaciones de víctimas y familiares de detenidos y desaparecidos fue importante para avanzar en la desmitificación de la "aureola" presidencial y de los altos mandos, para fincar su responsabilidad sobre estos hechos, "sin la cual, difícilmente un joven se hubiera atrevido a increpar al presidente Fox con un cartel acusándolo de traidor a la democracia".
Por su parte, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), señaló que sin una verdadera investigación sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos y el esclarecimientos de los hechos "seguirá la impunidad y la complicidad entre el Ejecutivo federal y las fuerzas armadas".