El asesinato de 26 manifestantes, la acusación
En Chile, nueva demanda contra Pinochet y su ministro del Interior
Santiago, 6 de mayo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó hoy ante la Corte de Apelaciones de Santiago una querella en contra de Augusto Pinochet y de su entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quienes responsabilizó de la muerte de 26 personas durante una protesta en agosto de 1983.
En su demanda, la mayor central sindical chilena pidió el nombramiento de un juez con plenos poderes para someter a proceso a Pinochet y a Jarpa, quien fue uno de sus diplomáticos y antiguo líder del derechista Partido de Renovación Nacional, a fin de que se les castigue por aquellos actos de represión.
El líder de la central sindical, Arturo Martínez, señaló que este es el momento de hacer justicia, que se sepa que en su época ellos mintieron como culpables de los delitos, como autores e inductores, de asesinato, tortura y maltrato a la población, al ordenar a la policía y a los militares reprimir la protesta nacional que tuvo lugar los días 11 y 12 de agosto de 1983.
Recordó que entonces "se sacaron 18 mil militares a las calles con el objetivo de reprimir cualquier manifestación a sangre y fuego y luego se culpó a los convocantes", aglutinados en el Comando Nacional de Trabajadores, antecesor de la CUT.
Uno de los abogados querellantes de la organización sindical, Adil Brkovic, explicó que los delitos atribuidos a Pinochet y a Jarpa son imprescriptibles, de acuerdo con el derecho internacional, por lo que no hay discusión al respecto.
En diciembre pasado Pinochet, de 89 años, fue procesado por nueve desapariciones y un homicidio en el contexto de la Operación Cóndor, plan represivo aplicado en los años 70 y 80 por las dictaduras sudamericanas. Además de otros procesos de los que se ha salvado, el ex dictador enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Asimismo, esta es la primera querella que se presenta en contra de Jarpa, quien fue senador antes del cruento golpe de Estado de 1973 y luego del retorno de la democracia. Jarpa es figura emblemática de la derecha y ex dirigente de los movimientos chilenos pro nazis desde sus años de juventud, en la década de 1940.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia anuló este viernes una controvertida orden que había emitido en enero de establecer un plazo de seis meses para que los jueces que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura pinochetista cerraran sus causas.
El plazo vencía el 25 de julio, pero la Corte dio marcha atrás ante la presión de los organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas que advirtieron con denuncias ante los organismos internacionales del ramo, pues consideraron que se trataba de una especie de "punto final" para liberar de castigo a los responsables.
El máximo tribunal no pudo sostener el alegato de que su resolución apuntaba a acelerar los juicios, y que además las partes implicadas en los procesos podían pedir la reapertura de los sumarios si estimaban que hacían falta otras diligencias.
Otra decisión que tomó el pleno fue la reasignación de las causas del jubilado juez Juan Guzmán Tapia, quien atendió las principales querellas contra Pinochet y los militares, las que en su mayoría pasarán a manos del magistrado Víctor Montiglio.