Transformar para legitimar
La manera supuestamente radical como la PGR se desistió por el momento de consignar ante un juez el expediente contra el jefe de Gobierno de la capital pone una vez más en evidencia el anacronismo y las insuficiencias de nuestro marco jurídico nacional, con la consiguiente distorsión estructural de los organismos de procuración de justicia, y deja otra vez al descubierto la irresponsabilidad de los órganos del Estado por no haber consolidado con una verdadera reforma la transición a la democracia, con las características que desde hace años exige la ciudadanía, por encima de los intereses oligárquicos y partidarios.
Dicho sea esto con el ánimo de no disminuir en un ápice la indispensable rectificación del Ejecutivo federal el pasado 27 de abril, que ciertamente puede disminuir en parte las tensiones políticas y sociales causadas por el intento inconfesable de eliminar una opción y un posible candidato en las elecciones de 2006. A ello se debe que utilizando ilegítimamente sus funciones parajudiciales, el Ministerio Público no se haya pronunciado sobre la insustancialidad demostrada de los cargos, y haya determinado apodícticamente en cambio la presunta responsabilidad del indiciado, dejando así formalmente abierta la puerta para la continuidad del proceso. Tal y como había sucedido con la integración de la averiguación previa, aunque con el agravante, procesalmente documentado, de acotar deliberadamente desde arriba la democracia representativa.
Por ello un dato nuevo de nuestro tiempo es que la ciudadanía organizada, como un importante actor político, no lucha ya por la democracia sólo desde fuera de las instituciones, sino desde dentro de ellas, para limpiarlas y ajustarlas a sus legítimos requerimientos. Así se entiende su relegitimación, sobre la base de su transformación. Y así lo expresaron el pasado 29 de abril, frente a líderes religiosos, sociales, civiles y políticos, las decenas de organizaciones ciudadanas, sindicales, campesinas, de mujeres y estudiantes, que firmaron una declaración conjunta en el Encuentro Nacional para la Transición a la Democracia con Justicia y Equidad.
En ella ratifican con toda claridad, entre otras cosas, que el país ha avanzado únicamente en la alternancia electoral, pero que "ahora hay que avanzar hacia la democracia entendida como la participación ciudadana en las decisiones públicas"; y a propósito de la reforma del Estado plantean con razón que ésta no sea sólo administrativa, ni sólo electoral, "sino entendida como la adecuación de las instituciones al cumplimiento de los derechos humanos integrales".
Luego, en efecto, de esta obcecada y prolongada polémica, que puso en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad social en el país, y de manifiesto que hoy se confrontan en México dos concepciones contrarias de la democracia: la disfrazada, la neoliberal, en función de la "segunda generación" de "reformas estructurales" (adecuación corporativa del trabajo, del gobierno y de la organización social a las exigencias del "libre mercado"); y la auténtica, que de acuerdo con su concepción clásica se entiende como la representatividad de los intereses y derechos de todos, quedan saldos que en lo inmediato tienen que ser cubiertos, para garantizar con eficacia la tranquilidad que todos deseamos.
Entre dichos saldos se encuentran el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, tal y como están establecidos en los instrumentos internacionales aprobados por México; el establecimiento por tanto de garantías sociales en la Constitución y en las leyes; la autonomía constitucional del Ministerio Público; el reconocimiento integral de los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal, y una reforma electoral y política que garantice que la próxima contienda comicial sea representativa y no dispendiosa, y por el contrario sea equitativa y transparente en el control de los gastos de los partidos y en el acceso a los medios.
"Una reforma del Estado -dice también con sabiduría la declaración mencionada- que obligue a constituir un gobierno de mayorías que garantice la gobernabilidad, que establezca (por fin) el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y la iniciativa popular. Que decrete asimismo la creación de un consejo económico social como instancia obligada, con patrimonio propio y sin la participación del gobierno".
Todo ello, y muchas otras cosas necesarias más, serán posibles si la sociedad organizada continúa participando con sus propias agendas, y los demás actores políticos la reconocen como instancia indispensable para la democratización de México.