¿Qué hacemos con el mundo del trabajo?
Apenas pasadas unas horas de la conmemoración del primero de mayo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la "huelga de los Simpson", en la que participan más de 200 artistas del doblaje, bajo las siglas de la Asociación Nacional de Actores. No fueron suficientes más de 40 años de servicios ni un recuento en el que sólo cuatro trabajadores votaron en contra para acreditar la legalidad de este movimiento huelguístico. El tribunal de trabajo, atendiendo una evidente consigna, resolvió absurdamente que no se había acreditado la existencia de un solo trabajador.
En la misma semana fueron despedidos los trabajadores del Museo de Arte e Historia del Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad Juárez, Chihuahua, por no aceptar renunciar a su empleo -lo que les exigían a pesar de tener una antigüedad promedio de 25 años-; les pedían aceptar ser contratados bajo la modalidad de honorarios, perdiendo incluso su derecho a la jubilación del ISSSTE, al que venían cotizando desde su ingreso. Coincidiendo con esta fecha, fueron nuevamente despedidos un grupo de pilotos de la línea aérea Aviacsa, por el delito de insistir en formar parte de las filas de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Para concluir, en el mismo periodo fueron separados un grupo numeroso de trabajadores al servicio del gobierno municipal priísta de Parral, Chihuahua, como represalia por ejercer su libre derecho de organización.
El lunes 2 de mayo, en León, Guanajuato, se ventiló finalmente, después de más de dos años, la esperada audiencia de titularidad del contrato colectivo del Sistema Abierto de Bachillerato, en donde compareció con toda frialdad como nuevo apoderado del sindicato blanco el mismo abogado que había ocupado el cargo de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, responsable de dilatar el procedimiento. Obviamente, como en muchos otros casos, los dirigentes del sindicato democrático están despedidos.
Frente a este escenario de creciente indefensión, el sindicalismo mexicano no supera su letargo. Lo más novedoso es la renovada preocupación de los líderes de relegirse en sus cargos, aun en los llamados sindicatos independientes, y por el lado de los gobiernos, no encontramos ejemplo alguno que pueda distinguirse por promover una justicia laboral distinta, y menos una defensa frente al creciente proceso de precarización, cuya práctica más común es la contratación de personal sin seguridad social. El Estado se ha convertido en un patrón que sólo contrata bajo la categoría de personal de confianza, subcontratado, o en la modalidad de honorarios. En los tribunales laborales locales de los propios gobiernos perredistas subsisten los vicios añejos y pocos se animan a encabezar un cambio, por el temor a remover las aguas del viejo corporativimismo y la corrupción. Esta realidad exhibe la dimensión del problema y la resistencia para lograr una verdadera transformación.
Pronto presenciaremos jornadas electorales con grandes promesas. En las elecciones federales pasadas, el presidente Fox se comprometió de su puño y letra a ampliar la libertad sindical, la contratación colectiva auténtica y la justicia laboral imparcial, en los llamados 20 compromisos por la libertad y la democracia sindical, de los que ni uno solo ha cumplido; por el contrario, ha apoyado un proyecto de ley que dificulta aún más el registro de sindicatos, impone nuevas causas para su cancelación, reduce el campo de acción gremial, condiciona el ejercicio del derecho de huelga y el cambio de sindicato a una autorización previa, ni más ni menos que de las centrales corporativas y de los propios patrones, disparates que se han venido presentando como una necesidad para hacer más competitivo nuestro aparato productivo. No se admite debate público alguno sobre estos mecanismos que violan los más elementales derechos laborales, simplemente se repite que es una reforma estructural necesaria para el país. Las promesas no se reflejaron siquiera en el Programa Nacional de Derechos Humanos, elaborado por la Secretaría de Gobernación.
Este negro panorama invita a la necesidad de reinventar nuestro mundo del trabajo, con otros ojos y otros intereses, compartiendo la preocupación de que todos somos de alguna manera trabajadores y de que tarde o temprano seremos víctimas de este modelo que atrapa el único medio que tenemos para subsistir y trascender. No se trata de inventar proyectos que sean más tarde ignorados, sino de una elemental voluntad política para otorgar al trabajo el valor que tiene en cualquier sociedad que pretenda ser productiva y democrática. Sólo reaccionando colectivamente, rompiendo la inercia que nos agobia, podremos encontrar los cauces que superen esta absurda cultura laboral. Es urgente convocar a nuevas iniciativas en todos los foros posibles, a partir del diagnóstico de nuestro mercado de trabajo, del reconocimiento de nuestros vicios y limitaciones; apoyados en un sentido de elemental responsabilidad.