"La ausencia de nuestros hijos no se paga con dinero"
Rechazan indemnizaciones por crímenes de guerra sucia
Defensores de derechos humanos calificaron de "inaceptable" las indemnizaciones que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregará a familiares y víctimas de la guerra sucia sin que se hayan esclarecido los casos y se sancione a los responsables.
Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de la organización Eureka, afirmó que recibir las indemnizaciones sería aceptar "una factura de muerte e impunidad", que daría como resultado la conclusión de los casos sin que haya justicia.
"Así ocurrió en otros países, como Chile y Argentina, donde los familiares aceptaron (la indemnización) y se dio carpetazo a las investigaciones", aseguró.
Hace unos días se conoció que la Femospp prepara el pago de indemnizaciones a familiares y víctimas de la guerra sucia, en el que se prevé entregar 365 mil pesos a los afectados por la desaparición forzada de un familiar, 219 mil a presos por motivos políticos, 365 mil cada por ejecución extrajudicial y homicidio calificado, e igual monto a quienes hayan sido perjudicados por actos de genocidio.
"Estamos totalmente en contra de que se quiera pagar con dinero las muertes de nuestros hijos", dijo Ibarra de Piedra, e insistió en que "nunca" cobrarán por la desaparición de sus familiares.
En entrevista por separado, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, afirmó que con este tipo de iniciativas se busca una "amnistía obligada, que lesiona más el derecho a la verdad y la justicia de víctimas, familiares y sociedad en general".
Insistió en que es "ofensivo" que se pretenda entregar indemnizaciones, cuando "no se ha llevado a juicio a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad ni se ha reconocido que el Estado también fue responsable de estos hechos".
Resulta "absurdo" que la Femospp entregue compensaciones "cuando la norma internacional señala que para reparar el daño, la primera acción que debe cumplirse es la aplicación de la justicia, el esclarecimiento de la verdad, el apoyo sicológico a las víctimas y, sólo entonces, se puede iniciar un proceso para considerar cómo reparar el daño económico".
Para Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68, "no tiene sentido" que se otorguen indemnizaciones "si antes no se hace justicia". El Estado "no puede aplicar de forma unilateral la reparación del daño si no existe una sentencia jurídica que lo obligue, como resultado de un proceso en el que se juzgue a los responsables, de lo contrario podría ser ilegal". Indicó que los pagos deben ser solventados por los responsables de los crímenes con recursos propios y no mediante el erario.