Los interesados pueden promover amparos, sostiene
Góngora: sigue abierto el expediente sobre desacato contra López Obrador
Monterrey, NL, 6 de mayo. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro David Góngora Pimentel señaló que el expediente sobre la acusación de desacato contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, sigue abierto.
Tras firmar un convenio de colaboración con la Universidad Regiomontana, el ministro dijo que las partes interesadas en el asunto pueden promover amparos contra la decisión de la Procuraduría General de la República de no ejercitar acción penal contra el político tabasqueño.
"Es posible que contra esa decisión se promueva algún juicio de amparo, por tanto, no es conveniente que yo exprese una opinión sobre algo que está todavía sub judice -pendiente de resolución-, que puede llegar a los tribunales", dijo en entrevista.
Por ello, insistió en que "no se acaba" el caso López Obrador, toda vez que "los interesados, los perjudicados", pueden promover juicios de amparo, "por tanto, no debo contestar ninguna pregunta sobre ese tema".
Posteriormente, el ministro acudió a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde dio una conferencia en torno a la restructuración de la SCJN durante la reciente década, donde afirmó que cuando los problemas del país no se resuelven mediante la política, se recurre al máximo tribunal del país, por lo que ésta "se está judicializando".
Por ese motivo -expuso- no es necesario crear en México un tribunal constitucional, porque en los hechos la SCJN ya cumple esa función, y destacó que en países donde funcionan ese tipo de organismos se han dado tensiones y enfrentamientos entre los tribunales y las cortes, como en los casos de España y Colombia.
Góngora Pimentel expresó que hay quienes se oponen a que la Corte intervenga en ese tipo de asuntos, con el argumento de que "vamos a tener un gobierno de los jueces".
El ex presidente de la SCJN y actual titular de la sala dos del máximo órgano judicial, reconoció que la política ha fallado en la resolución de los problemas nacionales, sin embargo, dijo, los ministros no nos quejamos de que haya más trabajo, pues "nos pagan para eso".
Antes, en su ponencia, refirió que en el pasado bastaba que el secretario de Gobernación hiciera una llamada telefónica a las autoridades o representantes de los poderes en controversia, diciéndoles: "oye, el Presidente no está contento con lo que está pasando, para que los rijosos se pusieran de acuerdo".
Como los tiempos han cambiado -continuó- ahora las diferencias llegan hasta la SCJN. En ese sentido, abundó que desde 1995, cuando entró en vigor la reforma que facultó a la Corte para resolver las diferencias entre poderes, mediante las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, hasta el primero de diciembre de 2004, se han resuelto en el máximo tribunal del país 761 controversias y 111 están pendientes de resolución. Detalló que en ese mismo periodo se han resuelto 197 acciones de inconstitucionalidad y 23 aún están pendientes de resolverse.