Más irregularidades en la Cuenta Pública 2003
Fuera de norma, la Corte transfirió $162 millones: ASF
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Vigilancia de la Cámara de Diputados descubrieron que en la Cuenta Pública de 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transfirió recursos por 162 millones de pesos al Fideicomiso de Pensiones Complementarias a funcionarios superiores del Poder Judicial de la Federación, sin observar las disposiciones normativas.
En la revisión de los gastos y erogaciones del Poder Judicial durante el año referido, se encontró que por prestaciones médicas complementarias y apoyo económico extraordinario para los ministros, la SCJN autorizó 71 mil pesos extra para atender a cada uno de los altos funcionarios de ese poder.
El órgano fiscalizador y la Unidad de Evaluación y Control determinaron "que en el caso de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se carece de un marco jurídico que regule su proceso de constitución, operación, administración y extinción, ya que básicamente se regulan por acuerdos generales de la SCJN o del Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda".
Por lo que toca al Consejo de la Judicatura Federal, se determinó un posible quebranto de 178 millones de pesos que fueron destinados a la construcción y remodelación de palacios de justicia federales en diversas entidades federativas.
Por tal razón, se establece, la ASF deberá ejercer el fincamiento de responsabilidades contra los involucrados. Es importante que la Auditoría continúe revisando la inspección física de las obras y cotejando la información con la documentación soporte, a efecto de corroborar que se cumplan los contratos en sus términos.
El trabajo de revisión también se extendió al Instituto Nacional de Migración (INM), donde las irregularidades detectadas se fundamentaron en que las empresas aeroportuarias no enteraron los pagos de los derechos con oportunidad ni cubrieron los recargos.
Con la revisión practicada se descubrió que el INM no supervisó algunas líneas aéreas respecto del pago de derechos, por lo que se requirió información a las 61 líneas aéreas de las operaciones concretadas durante 2003; de ellas, 42 informaron que transportaron a 2.9 millones de pasajeros que les generaron ingresos por 692 millones de pesos. Del balance definitivo resultó que el INM "no vigiló que las aerolíneas cumplían con el pago de los derechos por 100 millones de pesos y actualizaciones y recargos por 45 millones".
En el terreno de las sanciones de los servidores públicos del sector energía, se practicó una auditoría especial a los funcionarios que incurrieron en anomalías en el periodo 2000-2003, y cuyas sanciones sumaron 172 millones de pesos, de un total que comprende mil 452 millones de pesos.
De esas cifras, el ente fiscalizador determinó que la Secretaría de la Función Pública impuso un total de 2 mil 890 sanciones a funcionarios públicos.