Usted está aquí: sábado 7 de mayo de 2005 Política Los haberes

Roberto Campa Cifrián

Los haberes

Pasada la turbulencia, conjurados los peligros, conviene una reflexión sobre lo que queda después de los días aciagos del desafuero. Me refiero aquí sólo a los saldos positivos, a los haberes.

El primero es el compromiso de la gente con su democracia, la decisión ciudadana de defenderla. Ya lo adelantaban encuestas previas: porcentajes altísimos de la población, a lo largo de todo el país, se decían dispuestos a la acción pacífica para impedir un retroceso democrático. La gente, con y sin partido, aliados u opositores, con y sin voz, encontró la manera de manifestar su rechazo al atropello. Hubo expresiones imaginativas y valerosas, como la del joven estudiante de Oaxaca que, con toda su aparente fragilidad, se enfrentó al poder, al máximo poder del gobernador y al del Presidente de la República con todo su aparato, y sin doblarse le dejó en claro que no aceptaría el engaño y se atendría a las consecuencias.

Lo que estaba en riesgo era la convivencia democrática, la única posibilidad de vivir juntos, de aceptarnos con nuestras diferencias, con nuestros intereses encontrados, porque para eso sirve la democracia. Por eso, sin exclusiones, gana quien decide la mayoría, pero la minoría tiene derechos y otros poderes en los que participa haciendo contrapeso, ateniéndose todos a la protección de la ley y, concluido el ciclo, todos vuelven a enfrentarse a la posibilidad de ganar el poder.

No menos importante es la actitud de un juez que, ante una solicitud torpe, originada en una acusación sin sustento, negó al Ministerio Público la consignación.

Mienten quienes hoy se rasgan las vestiduras diciendo que se ha torcido la ley en aras de una solución política, engañan con perversidad porque saben bien que se estaba utilizando la ley para eliminar a un contendiente político. Son los mismos que callaron cuando un agente del Ministerio Público desesperado, antes de fijar la fianza, se la filtró a los acusadores, quienes en una abierta provocación aparecen preocupados por los hijos del acusado y pagan la caución.

Quienes se lamentan hoy, diciendo defender el estado de derecho y anunciando que este quedó para adelante vencido al quebrantarse la certeza jurídica, son los que ayer participaron en una negociación vergonzosa, sacrificando la ley para evitarle al país el riesgo de ser gobernado por un político incorrecto.

En términos jurídicos, el asunto de El Encino es un montaje burdo que nunca se hubiera ganado frente a un juzgador imparcial, y eso es lo que el juez acreditó al negar al Ministerio Público la consignación. El presidente Fox concluye que es tiempo de corregir cuando se convence que, al final, de todos modos va a perder.

El juez Olvera no ha aparecido diciendo discursos. Habló como corresponde al Poder Judicial, dictando una resolución. No fue a Los Pinos a comentarla, la tomó y ordenó que se anunciara. Honra a un poder que de verdad lo es cuando se asume pleno en su autonomía.

Conforme a todas las encuestas, la Cámara de Diputados, protagonista del desafuero, asume el mayor desprestigio. En este, como en otros episodios de esta legislatura, el desprecio sería mayor si se conocieran los detalles. Quienes votaron en favor lo hicieron por consigna. Todavía hoy, después de todo lo que ocasionó su decisión, ignoran los elementos esenciales del desafuero, casi ninguno leyó el dictamen, ninguno visitó El Encino, los motivó el rencor, la intolerancia y el miedo; el propio o el de sus patrones.

Como el daño es brutal, como estamos en el fondo, confío que lo que sigue será mejor, que ningún diputado, representante de la nación por mandato constitucional, volverá a prestarse dócilmente a un engaño, como sucedió con el asunto de El Encino.

La reacción de la opinión pública es otro haber. Ese conjunto formado por medios de comunicación, intelectuales, politólogos, académicos, etcétera, con opiniones en favor y en contra, jugó un papel decisivo, demostrando además que como en el comercio, aquí las fronteras son sólo referencia física. Medios críticos de los países del mundo con mayor tradición de respeto a la legalidad se ocuparon del asunto, cuestionando con una coincidencia asombrosa la validez de eliminar al puntero de las encuestas por un asunto confuso que tenía que ver con un litigio por la apertura de una calle en un terreno particular.

No sé qué tanta presión tuvieron que aguantar los medios nacionales; tengo referencias imprecisas que apuntan a autoridades o patrocinadores. El hecho es que se mantuvieron imparciales, salvo los que ya eran parciales desde antes.

Por la naturaleza personal de las opciones de 2006, tengo la impresión que vamos a requerir mucho de estos haberes en los próximos años, del compromiso ciudadano con la democracia, de la autonomía de los poderes y de la fuerza e independencia de la opinión pública.

No podría dejar de señalar el valor de la decisión del presidente Fox reconoció el error y echó marcha atrás. Si otros hubieran reaccionado así, nos hubieran evitado enormes costos en el pasado.

Sé que las condiciones y las encuestas lo orillaron a tomar la decisión, pero por eso mismo, otros se empecinan y terminan yéndose al precipicio con todo y país.

 
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