Fue quien sugirió que los periodistas portaran armas
Renuncia Luis Roberto Gutiérrez a Seguridad Pública de Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamps., 5 de mayo. El general Luis Roberto Gutiérrez Flores renunció a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en su lugar fue designado Ives Soberón Tijerina, quien ocupaba la secretaría del ayuntamiento de Matamoros.
El gobierno estatal informó del relevo y anunció cambios en las direcciones de la policía estatal preventiva y las cárceles de la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública será desmilitarizada.
Gutiérrez Flores es el mismo que en respuesta al asesinato de la periodista de Nuevo Laredo, Guadalupe García Escamilla, acribillada en abril en el estacionamiento de Radio Estéreo 91, sugirió que los periodistas deberían portar armas de fuego para garantizar su integridad.
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Gutiérrez Flores fue comisionado de la recién creada Policía Federal Preventiva.
El 8 de septiembre de 1997 elementos de la PFP, integrada por soldados de la Policía Militar, realizaron un operativo para capturar a presuntos ladrones de autopartes en la colonia Buenos Aires de la capital del país. Los supuestos delincuentes aparecieron muertos, con el tiro de gracia, en un lugar distante de dicha colonia.
Los familiares de los asesinados negaron que fueran delincuentes. Organismos civiles cuestionaron los asesinatos y Gutiérrez Flores se vio obligado a renuciar.
En los cuatro meses que duró como titular de la SSP estatal -de nueva creación en el actual gobierno- dos de sus subalternos fueron encarcelados por estar implicados en el levantón de 26 campesinos en el poblado Las Enramadas, municipio de Soto La Marina.
Javier Nuñez Razo, uno de los comandantes de la Policía Estatal Preventiva, fue emboscado en marzo por presuntos narcotraficantes en Nuevo Laredo, y se le relacionaba con el asesinato de dos reos en el penal dos de esa ciudad.
Gutiérrez Flores no cumplió con las expectativas del gobernador Eugenio Hernández Flores, quien en sus promesas de campaña aseguró que su gobierno sería el de la seguridad.
De enero a la fecha sólo en Nuevo Laredo se cometieron 46 homicidios violentos y las ejecuciones se extendieron a otras ciudades, como la capital del estado. En el ámbito estatal se disparó el índice delictivo, que se reflejó en 110 muertos en esta administración, cifra que superó en sólo cuatro meses a las administraciones de los dos pasados gobiernos priístas.