Obliga a petroleras extranjeras a suscribir nuevos contratos con impuestos más altos
Por mayoría, aprueban diputados de Bolivia la nueva ley de hidrocarburos
Mantiene una regalía de 18% y agrega un impuesto directo no deducible de 32%
Ampliar la imagen
Integrantes de la C�ra de Diputados, durante el debate de la controvertida ley de hidrocarburos en el Congreso de Bolivia, en La Paz FOTO Reuters
La Paz, 5 de mayo. Tras nueve meses de intenso debate, la Cámara de Diputados de Bolivia sancionó este jueves por mayoría absoluta una nueva ley de hidrocarburos, amenazada de antemano con un veto presidencial, que obliga a las firmas petroleras extranjeras que operan en el país a suscribir nuevos contratos con una carga tributaria incrementada al 50 por ciento del valor de la producción.
La nueva legislación fue aprobada con el voto de 59 de los 110 diputados, con el rechazo de la corriente del Movimiento Al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, y del Movimiento Indigenista Pachacuti.
El presidente Carlos Mesa, que había expresado previamente su desacuerdo con la ley, tiene 10 días para promulgar o vetar la norma, que ratificó además un tributo adicional de 18 por ciento en forma de regalía para los distritos productores de hidrocarburos.
Las compañías Repsol de España, BP de Gran Bretaña, y Petrobras de Brasil, figuran entre las 12 firmas petroleras que operan en Bolivia, donde han invertido en la última década unos 3 mil 500 millones de dólares para explorar y explotar las reservas de gas natural en el país.
Bolivia cuenta con la segunda mayor reserva de ese hidrocarburo en Sudamérica, sólo detrás de Venezuela.
La sanción de la nueva ley evita la convocatoria a un Congreso extraordinario y la traslada a la órbita del Poder Ejecutivo.
El nuevo régimen tributario del sector petrolero boliviano mantiene una regalía del 18 por ciento a favor de las regiones productoras de hidrocarburos y le agrega un impuesto directo y no deducible de 32 por ciento, en ambos casos sobre el valor del petróleo o el gas natural en ''boca de pozo'', o punto de producción.
La propuesta del Movimiento al Socialismo, el principal partido de oposición, era subir las regalías de 18 a 50 por ciento.
El gobierno, en cambio, planteó que el nuevo impuesto de 32 por ciento fuese acreditable a los gastos de las empresas.
Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos en 1935 y 1969, pero desde 1997, cuando entró en vigencia un modelo privatizador, Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) ha abandonado las actividades de exploración y producción, que pasaron a manos de 12 petroleras extranjeras mediante 76 contratos de operación.
Estos contratos deben ser adecuados obligatoriamente a las nuevas normas, según la ley, pero tanto el gobierno como las petroleras afectadas, rechazan la llamada ''migración forzosa'' de sus contratos.
De hecho, el gobierno de Mesa había propuesto que se retirara el término ''obligatorio'' de un polémico artículo que prevé la migración de los contratos.
El Movimiento al Socialismo solicitaba eliminar ese artículo al considerar que éste reconoce la legalidad de los acuerdos actuales, y cuya legalidad fue cuestionada por una corte de alta jurisdicción.
En este sentido, la fiscalía general del país presentó este jueves un requerimiento acusatorio contra los ex mandatarios Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga, así como contra un grupo de ex ministros y funcionarios por la presunta firma ilegal de esos contratos petroleros.
La demanda acusa a los presuntos responsables del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, encubrimiento y conducta antieconómica.
En este requerimiento se excluye al presidente Mesa, dada su condición de jefe de Estado.