Habrían conocido del asesinato de 22 campesinos

Indagan a dos ex titulares de la Sedena por genocidio

Riviello Bazán y Cervantes Aguirre fungían como mandos de la 27 Zona Militar cuando ocurrieron los vuelos de la muerte

JESUS ARANDA

Los ex titulares de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Antonio Riviello Bazán (1988-1994) y Enrique Cervantes Aguirre (1994-2000), así como el ex procurador militar Mario Guillermo Fromow García, son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) por su presunta participación en la guerra sucia que se desarrolló en los años 70 en el estado de Guerrero, debido a que los tres ocupaban cargos claves en la 27 Zona Militar, donde ocurrieron al menos 22 asesinatos de campesinos mediante los llamados vuelos de la muerte.

De acuerdo con fuentes oficiales cercanas a la indagatoria, el alto mando del Ejército ordenó que se deslinde la responsabilidad de los generales, a partir de que el testigo protegido Gustavo Tarían Chávez declaró a mediados del año pasado en Estados Unidos -ante la presencia de un enviado de la PGJM- que Riviello Bazán, en su calidad de comandante de la 27 Zona Militar; Cervantes Aguirre, jefe del estado mayor de la 27 Zona Militar, y Fromow García, agente del Ministerio Público castrense adscrito a esa circunscripción, tuvieron también conocimiento de los asesinatos y, por tanto, serían sujetos de responsabilidad penal.

Los tres generales ya habían sido citados el año pasado por el Ministerio Público militar para que declararan en torno a estos hechos, pero respondieron con un lacónico ''no me acuerdo''.

No obstante, trascendió que el alto mando tomó la decisión de profundizar las investigaciones sobre lo que ocurrió en la 27 Zona Militar, para evitar que en el consejo de guerra que juzgará a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro por sus crímenes durante la guerra sucia, alguno de los inculpados se ''decida a hablar'' sobre la participación de otros militares de alto rango en esos acontecimientos, lo que provocaría mayor descrédito para las fuerzas armadas.

Precisamente para evitar sorpresas, se dijo, el actual titular de la Sedena, general Ricardo Clemente Vega García, ordenó un análisis a fondo del expediente, tanto de parte de la PGJM como de personal de su entera confianza, ya que existen otras evidencias, como el Primer curso de operaciones en la jungla, que se llevaron a cabo el noviembre de 1975 en la 27 Zona Militar, en las que elementos del Ejército fueron preparados para combatir, no sólo a grupos guerrilleros en Guerrero, sino también para actuar en contra de la población civil que apoyaba a las células armadas, lo cual es totalmente ilegal.

Hace apenas unos días Vega García anunció en entrevista televisiva que aplicaría la "disciplina militar" a quienes esparcen la versión de que las fuerzas armadas están divididas por el asunto del desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y advirtió, sin mediar pregunta, que si generales en activo -como sus antecesores Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre- opinaban sobre el desafuero, serían procesados según el Código de Justicia Militar.

A la fecha, la Sedena no ha emitido ningún comentario al respecto, aunque en el medio castrense trascendió que la indignación de los oficiales no es por la forma en que el presidente Vicente Fox manejó el caso López Obrador, sino por la pésima actuación del general Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la República, quien, por cierto, en su calidad de procurador militar consignó a los generales Quirós y Acosta Chaparro por vínculos con el narcotráfico, en agosto de 2000.

Por otra parte, la decisión del alto mando de incluir a los generales referidos en las investigaciones, confirmaron las fuentes consultadas, cambia radicalmente la postura que había mantenido la PGJM, ya que ésta desde un principio deslindó al Ejército de los acontecimientos, con el argumento de que Quirós Hermosillo actuó cuando estuvo comisionado en la Brigada Blanca y Acosta Chaparro como jefe de la policía en Guerrero.

Sin embargo, en la etapa actual de la averiguación previa AJ1008/2003-A, Riviello Bazán, Cervantes Aguirre y Fromow García son investigados para determinar si también son penalmente responsables de los hechos que originalmente se imputaron a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, quienes están detenidos en la prisión del Campo Militar número uno, sentenciados a 14 años por vínculos con el narcotráfico.

Precisamente Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro están acusados por el asesinato de 22 campesinos: Ruperto Adame de Jesús, Vicente Adame de Jesús, Eusebio Arrieta, Anastasio Barrientos Flores, Justino Barrientos Flores, Emiliano Barrientos Martínez, Raymundo Barrientos Reyes, Luis Armando Cabañas Dimas, Miguel Angel Cabañas Vargas, Roberto Castillo de Jesús, Rosalío Castrejón Vázquez, Artemio Chávez, Esteban Fierro Valadez, Jesús Fierro Valadez, Antonio Flores Leonardo, Marcelino Flores Zamora, Flavio Morales Legideño, Juan Onofre Ocampo, Lucio Peralta Santiago, David Rebolledo Martínez, Mariano Serrano Zamora y Perla Sotelo Patiño.

Los labriegos fueron lanzados al mar en diferentes vuelos que hizo un avión militar tipo Arava, asignado a la base aérea de Pie de la Cuesta, cercana al puerto de Acapulco, Guerrero.

Las fuentes consultadas destacaron la importancia del testimonio rendido a mediados del año pasado en una prisión de Estados Unidos por Tarín Chávez -ex militar que colaboró con Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro y cuyas revelaciones fueron claves para que el Consejo de Guerra declarara la culpabilidad de éstos en el proceso por narcotráfico-, porque amplió las investigaciones, al asegurar que Riviello Bazán, Cervantes Aguirre y Fromow García tuvieron conocimiento directo de la masacre de campesinos y, sin embargo, no hicieron nada por evitarla.

Como parte de las pruebas recopiladas por la PGJM en contra de los generales destacan -según los informantes- las declaraciones de casi 10 campesinos de Coyuca de Benítez, Guerrero, quienes confirmaron que sus familiares fueron sacados de sus domicilios por soldados, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Para la PGJM estos testigos de "prexistencia" fueron suficientes para identificar a 22 campesinos que fueron lanzados al mar, ya que según el Código de Justicia Militar se puede acreditar la muerte de alguien con base en testimonios.

Precisamente el Ministerio Público castrense pretenderá acreditar la culpabilidad de los generales con esos indicios cuando se lleve a cabo el consejo de guerra correspondiente.