Sin carta blanca
Se ha frenado la descomposición del entorno político en el país, provocada por el caso del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pero no se ha detenido. De inmediato se han abierto otros campos de disputa que dejarán también su marca en la creciente fractura.
Ahí está ya la reacción del PRI, que buscará cobrar la cuenta al Presidente luego del buen servicio que prestaron sus diputados en el Congreso el pasado 7 de abril. Ahora quedaron en evidencia y más aún cuando su líder en la Cámara, el protagonista de mil batallas y ahora diputado Emilio Chuayfett, dice que los han engañado y demanda que sean consignados los responsables por haber armado mal el expediente del desafuero. Al PRI le salió mal el cálculo de la rentabilidad de su inversión en este negocio y buscará resarcirse de las pérdidas.
En el PAN los disgustos deben ser mayúsculos. Se han ido acumulando desde el reciente cambio de su dirigencia y la recomposición de sus liderazgos. Y ahora deberán asumir el alto costo de lo que ya se ve a las claras como una muy mala gestión política de las que eran dos de sus cartas más fuertes en el gobierno: el secretario de Gobernación Creel y el procurador general Macedo. Si en la causa del desafuero el partido y el gobierno veían una manera de fortalecer su posición para las elecciones de 2006, el resultado ha sido, en cambio, bastante malo.
Y tampoco se acaba la descomposición porque todo el discurso de la legalidad enarbolado con tanto ardor por el gobierno y sus aliados priístas se evaporó, se borró de un plumazo. La postura que adoptó la Presidencia de la República la semana pasada indica que la demanda tajante de aplicar la ley por un supuesto delito de una autoridad del rango del jefe de Gobierno del Distrito Federal no se pudo llevar a sus últimas consecuencias.
Eso era precisamente lo que se quería hacer de modo férreo, sin que cupiera la menor desviación del camino de la legalidad. Ahí se cifraba el inicio cabal de Estado de derecho, en esta tierra donde la ley es tan frágil y tan maleable. Pero se ha optado por la vía de la negociación política.
Claro está que la política es un ejercicio válido y necesario, pero una vez más se apela a ella en menoscabo de la ley. Esa es la gran responsabilidad del gobierno en el caso que entabló contra López Obrador. Se dejó a la ley como se dice popularmente: "vestida y alborotada", y se hizo de la política, otra vez, una opción de segunda en menoscabo de todos los que la practican y, también, de quienes la padecen.
No somos una mejor sociedad luego de estos largos meses de confrontaciones en los que se han exhibido, que no en sus mejores formas, las instituciones de la República. Puede haber alguna satisfacción por el hecho de que finalmente se ha frenado la escalada de descomposición, pero no nos deja en una situación muy favorable. Este país sigue siendo el campo minado por el autoritarismo y la fragilidad de las leyes y de las instituciones.
Ante esto es notoria la renovada capacidad de la gente para expresarse. Las marchas en la ciudad de México para protestar contra la inseguridad pública y en torno al desafuero son dos muestras recientes. Los políticos ya no pueden hacer como que no ven ni oyen.
López Obrador hizo bien en decir en el Zócalo, en la concentración del 24 de abril, que muchos de los que estaban ahí no necesariamente eran sus partidarios, sino que lo eran de la compostura social y de la democracia. En efecto, no todos los que fijaron su postura contra el caso del desafuero o se plantaron en la calle lo tienen por líder o por su candidato a la Presidencia.
De este asunto, López Obrador no obtiene carta blanca en su actividad política. Su historia de activista, dirigente partidario y gobernante está ahí a la vista de todos. Ahora tiene una base más sólida para proponer una forma sensata y eficaz de gobierno y no sólo por lo que él representa, sino por los crasos errores del gobierno y sus demás opositores. Ahora deberá ratificar los respaldos que tiene, pero sobre todo, ampliarlos mediante una oferta a la altura de las exigencias de la nación.
Hoy no nos queda más que ser ciudadanos muy celosos de nuestra condición y capaces de distinguir entre una causa y otra, entre la defensa de la verdadera legalidad y de las instituciones y la aceptación sin crítica de las opciones políticas que tenemos. Ya sabemos lo que fue un régimen largo como el del PRI y de su agotamiento tan oneroso, ese organismo político y sus amplias bases no están acabados. Ya sabemos el efecto que tuvo el voto útil para llevar al PAN al poder, pero conocemos igualmente las grandes limitaciones de esa utilidad.
Si López Obrador y el PRD, de quienes también sabemos, pueden ser una opción válida para 2006, mucho es lo que aun tienen que mostrar. Hoy es grande la diferencia de uno como político y posible candidato y del otro como partido de grandes carencias con graves vicios.
De la experiencia reciente de enfrentamientos entre enemigos políticos y del acrecentamiento de López Obrador como figura nacional no se desprende para él una carta blanca, al contrario, crece la exigencia social sobre el destino de este país.