La coalición impulsada por la UNT define prioridades
La reforma al sistema de justicia, gran pendiente
Apremia a cumplir con el Acuerdo Nacional para el Campo y reivindica derechos laborales e indígenas
La Coalición por la Reconstrucción Nacional -que se creará el próximo 2 de julio con representantes de organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos e Iglesia católica- se planteó como parte de sus actividades impulsar una reforma al sistema judicial y de impartición de justicia, con el propósito de garantizar su autonomía, y pugnar por leyes laborales que garanticen la competitividad, la sindicalización y la contratación colectiva.
En el ámbito agropecuario, el organismo aboga por el cumplimiento cabal del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para excluir de éste maíz y frijol.
Además se manifiesta por promover que el Congreso de la Unión conozca, apruebe, evalúe y revise los acuerdos comerciales.
El viernes representantes de la Coalición por la Reconstrucción Nacional emitieron una declaración conjunta en la que expresan su compromiso con diversos temas pendientes de la agenda social.
Señalaron que esos tópicos ya han sido planteados por la ciudadanía sin que a la fecha el gobierno federal haya dado respuesta. Son cuestiones relacionadas con la seguridad, la democracia y la transparencia. Tienen que ver sobre todo con el reconocimiento de derechos básicos de los trabajadores, tales como la sindicalización, la contratación colectiva y la democracia sindical.
La declaración menciona entre los pendientes el cumplimiento del ANC y los acuerdos de San Andrés, así como mayor impulso a los derechos de las mujeres y la ausencia de acciones que garanticen la sustentabilidad ecológica.
En materia de soberanía, los firmantes del documento plantean su rechazo a los privilegios que se dan al capital trasnacional y el mantenimiento de condiciones de relación económica externa sin proyecto nacional propio.
Luego de la decisión presidencial, el miércoles pasado, de rectificar en el caso de Andrés Manuel López Obrador, desaforado el 7 de abril por la Cámara de Diputados, los firmantes de la coalición, promovida por la Unión Nacional de Trabajadores, resaltaron que el diálogo, la tolerancia, la concordia y la pluralidad son virtudes republicanas que obligan a construir un espacio de generación de consensos, el cual debe ser institucional, público y transparente. Debe estar regido por el respeto a las leyes y a las normas, pero además ''no puede ser sólo para y por los intereses de la clase política''.
En este punto, el texto destaca que "la movilización de cientos de miles de mujeres y hombres que creen en la libertad, en la democracia y en la necesidad de que México cambie" motivó el viraje en la estrategia presidencial. Son, apunta, "mexicanos y mexicanas a los que no se les puede asignar el papel de contingentes electorales o de masas para constatar popularidades, cuando son la base y la fuerza de la democracia y de la gobernabilidad de cualquier régimen no autoritario''.
A partir de estas consideraciones fue emitida la declaración conjunta suscrita por el obispo Sergio Obeso, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano; José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral; organizaciones campesinas, de trabajadores, de mujeres, y los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, y Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
En el texto resaltan la urgencia de concretar un acuerdo nacional para la transición en el que participen las fuerzas y los actores políticos, así como el gobierno federal y la sociedad civil organizada.
Respecto de los otros temas pendientes de la agenda social, mencionan la reforma a la seguridad social, la cual tiene que ser integral y con participación de los trabajadores.
En materia de equidad de género, indican que deben corregirse los sesgos discriminatorios de la legislación y las políticas públicas con especial énfasis en la situación de las trabajadoras asalariadas y no asalariadas, las mujeres rurales, campesinas, indígenas y de las migrantes.
Apremia igualmente a establecer un programa emergente para el crecimiento económico y el empleo. Además propone dotar de autonomía a Petróleos Mexicanos y al sector eléctrico, e impulsar un programa de reconversión del sector energético.
El manifiesto incluye el respeto al Estado laico y el principio de no discriminación por sexo, edad, situación social, estado de salud, orientación sexual o cualquier otra causa.
El respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, el fortalecimiento fiscal del Estado mediante la eliminación de todos los regímenes de privilegio y el esclarecimiento de los crímenes políticos y financieros son otros tópicos que la Coalición por la Reconstrucción Nacional incluirá entre sus prioridades.