De forma irregular integraron fideicomisos para garantizarse generosas pensiones

Ministros del tribunal electoral federal se prepararon retiros millonarios: ASF

Los fondos provienen de subejercicios, cuando debieron regresarse a la Tesorería de la Federación

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que desde 2000, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destina recursos, remanentes de su gasto anualizado, para tres fideicomisos constituidos con la intención de garantizar pensiones millonarias para los magistrados, los dos secretarios de acuerdos administrativos de la sala superior, así como los altos funcionarios administrativos.

El órgano superior detectó, como parte de la revisión de la cuenta pública 2003, que a diciembre de ese año cada uno de los siete magistrados tenía un acumulado de más de 3 millones de pesos para su retiro, y determinó que el tribunal electoral incurrió en irregularidades al transferir los remanentes de su presupuesto a dichos fideicomisos, pues debió regresar a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos en los años fiscales 2000, 2001, 2002 y 2003.

De la revisión del gasto corriente del tribunal, la ASF detectó que el 30 de agosto de 2000 la Comisión de Administración del órgano electoral emitió el acuerdo 052/S42 por el que autorizó la constitución del fideicomiso 158984/TEPJF, con una primera aportación de 14 millones de pesos de remanentes presupuestarios de ese mismo año, y posteriormente, mediante el acuerdo 070/S45, del 6 de diciembre, aprobó una segunda aportación por 35 millones de pesos, también de recursos no ejercidos.

La auditoría encontró que sólo después de haber constituido los fideicomisos, el 29 de enero de 2001, el tribunal solicitó -con el argumento de que aplica su presupuesto de manera autónoma- a la Secretaría de Hacienda (SHCP) su anuencia para formalizar esos instrumentos, pero omitió referir que los recursos provenían del gasto no utilizado del ejercicio anterior.

"Cabe señalar que el TEPJF no se refirió al Presupuesto de Egresos de la Federación 2000 ni que los recursos que se aportarían a los fideicomisos constituían remanentes presupuestarios de ese ejercicio, cuyo artículo 38 expresamente señala que esos recursos deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación", indica la ASF.

Durante la aplicación de la auditoría, el tribunal objetó ante el órgano superior de fiscalización que éste no podía indagar sobre el manejo del presupuesto de 2000 y alegó que las facultades de la ASF están regidas por el principio de anualidad, "por cuya razón no se deben incluir los aspectos que corresponden a la cuenta pública de 2000".

Ante esa objeción del tribunal, la ASF solicitó a la Dirección General Jurídica una opinión, en virtud de que el mismo argumento se utilizó para impedir el acceso a la información del ejercicio de los presupuestos de los cuatro años consecutivos. Posteriormente, el 25 de julio de 2001 el tribunal electoral constituyó los fideicomisos 158984 y 158976, con aportaciones iniciales de 21 millones, para el retiro de los magistrados y 5 millones 600 mil pesos para el retiro de los dos secretarios del tribunal, así como el fideicomiso 158968, con una aportación inicial de 22 millones 400 mil pesos para el retiro de los funcionarios de alto nivel del órgano electoral.

Los tres instrumentos fueron firmados por el presidente del tribunal, así como por el secretario administrativo. La ASF sostiene en los resultados de su revisión que al constituir los fideicomisos el tribunal incurrió en diversas irregularidades; específicamente violó el artículo 38 del decreto de presupuesto de egresos del año 2000, el cual textualmente señala: "las derogaciones previstas en este presupuesto que no se encuentran devengadas a 31 de diciembre no podrán ejercerse. Los poderes Legislativo y Judicial, el IFE y la CNDH, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 15 de febrero, las derogaciones a las que se refiere el párrafo anterior y deberán concentrar estos recursos en la Tesorería de la Federación a más tardar el 28 de febrero".

De esta forma, el tribunal aprovechó los recursos que no gastó en esos ejercicios, que se concentraron en tres cuentas en el actual banco HSBC (antes Banco Internacional y Bital), cuyos rendimientos se obtienen de sociedades de inversión de deuda, valores gubernamentales, papel comercial con aval bancario y pagarés.

Hasta la fecha de la auditoría ningún magistrado había solicitado su retiro ni su pensión, por lo que el fondo fiduciario únicamente ha pagado los gastos de honorarios y de administración, así como el pago del ISR. Al 31 de diciembre de 2003 el fondo ascendía a 24 millones 260 mil 900 pesos, por lo que hasta ese momento cada magistrado tenía garantizada una pensión de 3 millones 465 mil 800 pesos.

También, al cierre de ese año el fideicomiso para el secretario general de acuerdos y el secretario administrativo contaba con 5 millones 600 mil pesos, por lo que ambos tenían garantizada una pensión de 2 millones 800 mil pesos.

Respecto del fideicomiso 158968, constituido en beneficio de los mandos superiores del tribunal, ascendía, al 31 de diciembre de 2003, a 26 millones 900 mil pesos, que deberá distribuirse entre las 173 personas que forman parte de la alta burocracia del tribunal electoral.