Se consideraron incrementos para las de Guerrero y Oaxaca: Martínez della Rocca
Las universidades pobres, las más perjudicadas
De prosperar el proyecto de dictamen del magistrado de la Corte Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sobre la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal en contra de la Cámara de Diputados, no habrá ningún aumento para las universidades públicas estatales en el país.
Para el diputado perredista Salvador Martínez della Rocca, presidente de la Comisión de Educación en San Lázaro, se trata de ''una noticia poco halagüeña'', porque derribaría los fondos de equidad diseñados por los diputados para respaldar, sobre todo a las universidades rezagadas cuyo costo por alumno está por debajo del promedio nacional.
El proyecto de ponencia, que estará sujeta a votación del pleno de la Corte el próximo 9 de mayo, considera entre las disposiciones la ''invalidez absoluta'' del anexo 19 del Presupuesto de Egresos aprobado por los legisladores, que prevé reasignaciones en favor de universidades públicas estatales.
Este tema prevalecerá en la reunión que Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sostendrá mañana en el Instituto Politécnico Nacional, como parte de la primera reunión semestral del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), que agrupa a los rectores y directores de universidades y centros de investigación.
El presupuesto para la educación superior, aprobado en diciembre pasado por el pleno, resultó el mayor en los últimos cinco años para ese nivel educativo; implicó un crecimiento real de 9.2 por ciento para el sector, y de 14 por ciento en promedio para las universidades públicas del país.
Entre las universidades públicas estatales que recibieron incrementos significativos en sus subsidios se encuentran la Universidad de Guadalajara (UdeG), con 688 millones 386 mil 818 pesos; la Autónoma de Guerrero, con 276 millones 568 mil 364 pesos, y la Autónoma de Nuevo León, con 260 millones 735 mil pesos.
El proyecto de ponencia de Ortiz Mayagoitia sobre la controversia constitucional 109/2004, interpuesta por la Cámara de Diputados en contra de la facultad de veto del presupuesto de egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal, le daría la razón a la Presidencia de la República y, en caso de ser aprobada, tendría que regresarse al órgano legislativo para una nueva votación.
Por lo pronto, Martínez della Rocca ha mantenido consultas desde este miércoles con rectores de las universidades públicas estatales y con las autoridades de la ANUIES, corresponsables del diseño del presupuesto aprobado por los diputados, para tratar de ejercer presión y sostener los incrementos aprobados.
De hecho, la inquietud será tratada en la reunión de CUPIA, en la que se espera que los rectores de universidades estatales soliciten el apoyo del consejo nacional de la ANUIES para realizar un análisis jurídico constitucional y defender los presupuestos alcanzados en diciembre pasado.
Martínez della Rocca sostuvo que los incrementos fueron impulsados, sobre todo, para apoyar a las nueve universidades públicas estatales más pobres del país, entre ellas las autónomas Benito Juárez de Oaxaca, de Guerrero, de Tlaxcala, de Hidalgo y de Ciudad del Carmen, Campeche. ''Todo lo que nosotros, los diputados, les dimos a las universidades, el ministro les quiere dar para atrás", dijo, e informó sobre pláticas, incluso, para realizar un plantón de autoridades universitarias a las puertas de la Corte y de la Secretaría de Educación Pública.