Condiciona el acceso a la salud, afirma la secretaría del ramo en el DF

Como está, el Seguro Popular viola la Constitución, afirma Cristina Laurell

En las negociaciones con el gobierno federal se han detectado contradicciones, señala

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Condicionar el acceso a la salud, como lo hace el Seguro Popular (SP) al cobrar una cuota de inscripción y limitar a 91 los servicios médicos a que tienen derecho los afiliados, es violatorio del artículo cuarto constitucional. Ese es el principal inconveniente que ve el Gobierno del Distrito Federal a ese esquema de aseguramiento, porque "aquí -afirmó Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud capitalina- no se cobra nada y los beneficiarios tienen derecho a todos los servicios que ofrecen los hospitales de la ciudad".

Enumeró las limitaciones del Seguro Popular, entre otras, que la póliza excluye la atención de embarazos y partos que presenten complicaciones, el servicio en las unidades de cuidados intensivos neonatales, el tratamiento y control de la diabetes descompensada, de una úlcera perforada, e inclusive está fuera la atención de traumatismos.

Las familias inscritas en el Seguro Popular, principal estrategia de salud del gobierno foxista, tienen que pagar para recibir estos y otros servicios médicos, lo que no ocurre con el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos del Distrito Federal, cuyos afiliados tienen derecho a todos los beneficios que ofrecen las unidades médicas que dependen de la administración perredista en la capital.

En entrevista, Laurell aclaró que el gobierno de la ciudad está de acuerdo con que se aplique el Seguro Popular en el Distrito Federal. Sólo que para ello tendrá que suscribirse un convenio especial porque la administración del DF no aceptará que los ciudadanos paguen cuota alguna. En todo caso, habría que explorar algún mecanismo alternativo para cubrir dicha aportación. Además, tiene que quedar claro cuáles serían los beneficios que realmente obtendrían los derechohabientes, adicionales a los que disfrutan desde julio de 2001, cuando empezó a operar el programa capitalino, el cual cubre a 710 mil familias de las 850 mil que en el Distrito Federal no tienen acceso a la seguridad social.

Señaló que en las mesas de negociación entre la Ssa y el GDF se han detectado diversas contradicciones entre lo establecido por la Ley General de Salud y el Reglamento del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS), por lo que "no es que estemos retrasando la negociación o la firma del convenio. Es sólo que queremos que nos muestren las letras chiquitas para poder leerlas". Todo ello con el único fin de que ambos gobiernos tengan certeza jurídica.

Insistió en que espera que la Ssa les entregue la información sobre las reglas de operación del fondo de gastos catastróficos y la lista de los padecimientos que serán cubiertos por el mismo, así como los lineamientos del Seguro Popular. Ambos son los instrumentos legales mínimos necesarios para poder firmar un acuerdo con el gobierno federal, apuntó.

En tanto, los trabajos de las tres mesas siguen adelante. Es el caso de la acreditación de las unidades médicas -215 centros de salud y 27 hospitales-. En este punto, Asa Cristina Laurell resaltó que dicha acreditación impone menos requisitos que el proceso de certificación de hospitales del Consejo de Salubridad General. Es así porque de otra manera, dijo la funcionaria, el Seguro Popular no se podría aplicar en los estados.

Al asegurar que los servicios de salud del Distrito Federal no tienen ningún problema técnico ni económico para suscribir el convenio para la aplicación del Seguro Popular, recordó que en un principio el gobierno de la ciudad pensó interponer una controversia constitucional contra este sistema de aseguramiento, pero no se hizo para evitar obstaculizar un proceso que, aunque con limitaciones, sí está dando más dinero a las entidades federativas para financiar sus sistemas de salud.

Comentó que en el Distrito Federal el presupuesto del sector se ha incrementado 50 por ciento en los cuatro años recientes, por lo que cubre en una proporción 20 veces mayor la cuota estatal considerada en el SNPSS.

Respecto de la capacidad de atención de los hospitales del gobierno capitalino, Laurell subrayó que ésta también aumentó 21 por ciento entre 2000 y 2004, y que con 2 mil 100 camas censables se registraron, sólo el año pasado, 118 mil egresos hospitalarios, 70 mil intervenciones quirúrgicas y 752 mil casos atendidos en las áreas de urgencias.

Además se proporcionaron 5 millones de consultas, se realizaron 522 mil estudios de rayos X y se atendieron 47 mil nacimientos. La funcionaria explicó que del total de servicios otorgados, 23 por ciento fue para personas que provienen del estado de México. Aclaró que estos usuarios sí pagan cuota de recuperación y tienen que comprar sus medicamentos.