Sería irresponsable si no lo hiciera, advierten defensores de derechos humanos

Identificar a quienes protegen a represores, exigen a Carrillo Prieto

LAURA POY SOLANO

Defensores de derechos humanos calificaron de "grave" que Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), presente "serias acusaciones" contra el Poder Judicial sin identificar a los responsables ni presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Agregaron que afirmar que aún existen jueces que reciben "línea" para no proceder contra los responsables de los crímenes del pasado y ante los "conflictos de interés" que subsisten en la Procuraduría General de la República (PGR), "puede generar mayor incertidumbre y riesgo de estallido social si no se esclarece a quiénes se refiere y quién les da línea".

David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aseguró que ante el contexto de encono y confrontación política que vive el país, las declaraciones de Carrillo Prieto "caerían en la irresponsabilidad si no es consecuente con sus actos, pues si conoce de estas irregularidades debe presentar las denuncias y señalar a los responsables", ya que sus declaraciones "abundan en el descrédito tanto de jueces como de su actuación en la materia".

Por su parte, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, aseguró que tras las declaraciones del fiscal especial se debe iniciar una "investigación rigurosa" en la PGR, pues lo poco que se avanzó con las averiguaciones previas "sigue detenido y la efectividad de la fiscalía especial es mínima".

Destacó que diversas organizaciones civiles han denunciado de forma reiterada las limitaciones y obstáculos que enfrenta la fiscalía especial. "Hoy se refleja con claridad cuáles son estos límites, con el grave riesgo de que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado no lleguen nunca a buen término, pues es claro que el gobierno del presidente Vicente Fox no va a cumplir con la demanda de justicia y verdad que exige la sociedad", advirtió.

En entrevista por separado, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que luego de las denuncias del fiscal especial "es muy claro que no se tiene voluntad política para esclarecer los hechos del pasado, pues en el caso de Rosendo Radillo se tiene todos los elementos para la consignación, sin que la Femospp presente la averiguación previa ante un juez".

Si bien consideró que es necesario que se denuncie cualquier "desviación del marco jurídico", esto debe ocurrir "con señalamientos precisos y nombres de los presuntos responsables.

"No podemos permitir que la justicia se partidice o que dependa de los intereses de los actores políticos, ya que es una responsabilidad que compete tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo y al Legislativo, pues sería muy grave que se tratara de justificar la falta de efectividad de la fiscalía y que ésta dejara de actuar aduciendo que los jueces no hacen su trabajo".

Por su parte, en un cable de la agencia AFP víctimas de la guerra sucia consideraron "difícil" aceptar las indemnizaciones por 18 millones de dólares propuestas por el fiscal especial, ya que lo consideraron "una burla que las víctimas no aceptamos".

Rosario Ibarra, fundadora de la organización Eureka, expresó: "Ni se les ocurra venir a insultarnos con indemnizaciones ni reparaciones del daño. La fiscalía no ha consignado a los responsables, no ha hecho nada y quiere tapar la boca a los familiares con dinero".

Al respecto, Antonio Orozco, ex guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, señaló que "no se trata de un trueque ni de cambiar justicia por dinero; se trata de que el Estado se responsabilice de haber cometido en el pasado delitos de lesa humanidad".