La carga pública por el rescate bancario creció exponencialmente, dice Ortiz Mayagoitia
Difiere la Corte discusión de créditos ilegales del Fobaproa
El endeudamiento público a causa del rescate bancario tuvo un "crecimiento exponencial" -al pasar de 150 mil 446 millones de pesos en 2000 a 220 mil 427 millones de pesos en 2003- por la adquisición una deuda "nada cuidada a cargo del Fobaproa", señaló el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Al continuar ayer la discusión sobre la legalidad de los oficios girados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al IPAB en los que se cuestiona la existencia de créditos irregulares por más de 4 mil 700 millones de pesos que se convirtieron en deuda pública, Mayagoitia y cuatro ministros más coincidieron en que la Auditoría tiene facultades para revisar la legalidad para que, en caso de detectarse créditos ilícitos "se pueda disminuir aún más su impacto en la deuda pública".
Sin embargo, a petición de tres ministros, el pleno determinó continuar el próximo lunes la discusión, por lo que se abrió un compás de espera en el que se prevé que las Secretaría de Hacienda y Gobernación, y los representantes de los bancos beneficiados por el rescate bancario, puedan ganar las voluntades de los ministros en su favor.
Ayer sólo la ministra ponente, Margarita Beatriz Luna Ramos, y Sergio Salvador Aguirre Anguiano hablaron abiertamente en favor del proyecto de dictamen que plantea dar la razón al Presidente de la República en la controversia constitucional que presentó en contra de la ASF, lo que invalidaría los oficios en los que ésta recomendó a las autoridades hacendarias no reconocer como deuda pública créditos irregulares superiores a 4 mil 670 millones de pesos, cuyo pago reclaman Banamex, Bancomer, Bital (HSBC) y Banorte.
Los ministros Genaro Góngora, Juan Silva Meza, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y José Ramón Cossío coincidieron en términos generales en que el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario es muy claro en señalar que "en caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el IPAB podrá optar por rechazar y devolverlos a los bancos, los cuales tendrá que designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del Instituto. En caso contrario, se reducirá el monto respectivo de la garantía".
Indicaron que en la revisión de la Cuenta Pública de 2001 -donde están los oficios impugnados en los que se recomendó a Hacienda y al IPAB no pagar los créditos irregulares-, no opera el principio de anualidad. Es decir, de que sólo puede ser revisada la cuenta pública del año anterior. Ello, precisaron, porque la propia Ley del Ahorro Bancario señala que conforme se lleven a cabo las auditorías y se detecten irregularidades, dichos créditos podrán ser revisados.
Mayagoitia abundó: "si conforme al artículo quinto, es necesario localizar los créditos que ilegalmente fueron admitidos para el efecto de expulsarlos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, me parece que aquí no hay ni retroactividad ni falta de competencia de la Auditoría Fiscal de la Federación, esta revisión la puede hacer en 2001, con las facultades actuales, la hará en 2002, en 2003, en la medida en que vaya descubriendo créditos ilegalmente admitidos a este programa a cargo del Fobaproa, y esto, señores ministros, es trascendental".
No pasó desapercibido un documento elaborado por Góngora donde señaló que de acuerdo con el informe anual 1999 del IPAB sobre los pagarés de deuda con los bancos referidos, el monto de esos pasivos públicos era de 150 mil 446 millones de pesos; el informe anual IPAB 2000 reportaba 174 mil 831 millones de pesos; el informe anual IPAB 2001, 195 mil 226 millones de pesos, y el de 2002 reportó 208 mil 409 millones de pesos; finalmente el 2003 sumó 220 mil 427 millones.
El documento mencionó que si bien la admisión de dichos pasivos está sujeta al intercambio de pagarés de deuda, lo cierto es que su saldo constituye un pasivo que en su momento el IPAB tendrá que enfrentar. Por eso, subrayó el escrito, el objetivo central de la ASF es "que la deuda pública que asuma el IPAB derivada del Fobaproa, no incluya créditos irregulares".
Y las recomendaciones que hizo la Auditoría al respecto, se apegan cabalmente a la Constitución, insistió el documento.
Pareció que la Corte daría un paso trascendental; sin embargo, las maniobras dilatorias de los ministros Díaz Romero y Aguirre Anguiano aplazaron para el lunes la discusión del asunto.