Entre la rectificación y el naufragio
Los próximos días veremos si el foxismo es capaz de rectificar después de realizar un recuento de daños originados por la aventura del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Dos hechos significativos tendrían que revisarse: la decisión del juez decimosegundo y la histórica y desbordante marcha del pasado domingo.
En el primer caso el juez Olvera negó a la PGR la solicitud de orden de presentación aclarando que a ella se refieren cuando la denominan "orden de comparecencia"; también les hizo ver que el Ministerio Público no podía decretar la libertad caucional del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues éste no estaba detenido ni existía orden de captura urgente en su contra, por lo tanto dejó en el aire la maniobra de la nada inocente fianza cubierta por unos peones del panismo y no abordó el fondo del supuesto delito de abuso de autoridad que motivó el desafuero. Esta resolución entraña una acusación de ignorancia elemental hacia la PGR, cuestión que no debe verse cual peccata minuta, sino como la prevalencia de la manipulación y desaseo tratándose de la integración de una averiguación previa que por lo pronto ha puesto en entredicho tanto a los desaforadores del PRIAN como a los propios persecutores.
La fianza arreglada desde la propia PGR nos ofrece una "actualización" en el tipo de cambio de las modernas traiciones: 2 mil pesos equivalen a los judaicos 30 denarios. De ese tamaño es la cuantificación del "daño" supuestamente causado. Esta burla obedeció a la ridícula versión oficial de que habría que impedir a toda costa la foto en la cárcel del gobernante capitalino, pues éste necesita "hacerse la víctima", olvidando que esta situación fue generada por la cadena de atropellos foxistas y el uso de las instituciones que dicen defender.
Por lo pronto el juez Olvera regresó las cosas al estado en que se encontraban antes del 21 de abril, es decir, un desafuero decretado y un cargo subsistente con el agravante de que la Suprema Corte de Justicia tiene en su haber dos controversias sobre las decisiones tomadas en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así que con apego a derecho López Obrador decidió retornar a sus labores de jefe de Gobierno.
Por otra parte, las lecturas que desde el foxismo se realicen en torno a la multitudinaria y mayoritariamente ciudadana marcha del silencio serán definitivas para detener la aventura del desafuero y la inhabilitación a López Obrador antes de que se consolide el naufragio. Es un hecho que la campaña adelantada de 2006 fue iniciada por el propio Presidente de la República y de mala manera, por ejemplo, destituyó al secretario Calderón Hinojosa por realizar actos proselitistas, que avala y promueve en otros miembros de su gabinete, y a López Obrador pretenden privarlo de sus derechos políticos; en este caso el agravio es mayor, pues se trata del político con mayor aceptación ciudadana, con una propuesta de proyecto alternativo de nación y es un gobernante electo.
Hay caminos para salir del atolladero y son jurídicos, pero no sólo. Hay que remover los obstáculos políticos. La PGR puede apelar del fallo de Olvera o bien podría consignar nuevamente el expediente contra López Obrador solicitando una orden de aprehensión ante el mismo juez: ya anunciaron que esta segunda vía será elegida. Antes de hacerlo se tendría que valorar la posibilidad de poner un alto y definir el no ejercicio de la acción penal con todos los elementos que están sobre la mesa y acreditan inconsistencia en la acusación montada, cuestión que parece imposible con los actuales persecutores que han convertido este asunto en un casus belli. Por ello es hora de pensar en sustituir a los encargados de la procuración de justicia e incluso fincarles responsabilidades.
Si las expresiones contundentes de rechazo a tal estrategia golpista no son escuchadas, se estaría pavimentando el camino de la ingobernabilidad, pues si bien hay una ruta de resistencia civil y pacífica, las movilizaciones se irán multiplicando en todo el país y fuera de él. No van a detener el descontento con campañas de información en el extranjero como pretende el candidato a la OEA, quien cobra como secretario de Relaciones Exteriores; tampoco parecen servirles los mensajes en televisión sobre el robo de un chocolate; por algo existen diferenciados los delitos y las faltas, sus penalidades y sus motivaciones.
Aún es tiempo de enderezar el barco y ello no implica suponer acuerdos en lo oscurito: la rectificación tiene que ser tan pública como lo ha sido el uso faccioso del derecho.