Burgoa: está plenamente justificada; califica de "ignorante" al vocero presidencial
Constitucionalistas avalan la vuelta de López Obrador al GDF
Las autoridades federales cometen actos de provocación, afirma Jaime Cárdenas
Ignacio Burgoa Orihuela y Jaime Cárdenas, doctores en derecho, afirmaron ayer que Andrés Manuel López Obrador continúa en su cargo, por lo que su decisión de retomar la jefatura de Gobierno del Distrito Federal está plenamente justificada por el artículo 111 constitucional, que establece que un funcionario que es desaforado no deja el cargo hasta el momento en que se inicia el proceso penal en su contra, cosa que no ha ocurrido con el funcionario capitalino.
En entrevista por separado Burgoa Orihuela calificó de "ignorantes" a quienes afirman que López Obrador violó la ley, porque la Constitución es muy clara en señalar cuándo un funcionario está bajo proceso.
Agregó que la decisión del mandatario capitalino de no firmar ningún documento para evitar la posibilidad de ser acusado de algún delito, como sería usurpación de funciones, es simplemente innecesaria, porque constitucionalmente sigue siendo jefe de Gobierno.
-Entonces ¿por qué el vocero presidencial (Rubén Aguilar) dijo que la decisión de López Obrador de regresar a sus funciones constituye un acto ilegal y una provocación?
-Por ignorancia -respondió tajante Burgoa Orihuela, doctor emérito de la UNAM.
-¿No se supone que el Presidente de la República debe estar asesorado por especialistas en todas las materias, incluido el derecho?
-Pero son ignorantes -insistió.
Burgoa Orihuela recordó también que el asunto del jefe de Gobierno aún no está resuelto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió dos controversias constitucionales: la que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la de la Cámara de Diputados.
Indicó que López Obrador sólo estará bajo proceso penal una vez que el juez de la causa gire una orden de aprehensión en su contra y emita el auto de formal prisión. De lo contrario, "únicamente" fue desaforado, pero no destituido.
Por su parte, Jaime Cárdenas reiteró lo dicho por Burgoa Orihuela con respecto a la aplicación del artículo 111 constitucional y agregó que la Procuraduría General de la República se equivoca al señalar que el jefe de Gobierno violentó el artículo 39 de la Ley de Responsabilidades, porque el texto constitucional está por encima de la legislación secundaria.
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sostuvo que, a diferencia de lo que dijo la mañana de ayer el vocero presidencial, Rubén Aguilar, acerca de que López Obrador cometió una "provocación" por reasumir la jefatura de Gobierno, son las autoridades federales las que han cometido actos de provocación contra el mandatario capitalino.
Agregó que aun cuando la marcha multitudinaria en favor del mandatario de la capital no tiene incidencia en el campo jurídico, lo cierto es que tendría que ser analizada por el gobierno de Vicente Fox para que "rectifique" y deje de acosar al jefe de Gobierno.
Sin embargo, comentó, las declaraciones del vocero Aguilar permiten prever que el Ejecutivo federal mantendrá su misma política de intransigencia, lo que pone en riesgo la vida institucional del país con el peligro de que se afecte la estabilidad y se "descarrile" la democracia y sus instituciones, mismas que "nos costaron" más de 30 años de construcción, advirtió el ex consejero del Instituto Federal Electoral.