Privación de los derechos políticos
La medida tomada por el gobierno federal, en el sentido de consignar al jefe de Gobierno de la ciudad de México ante un juez, pero al mismo tiempo mandar a dos subordinados suyos, comisionados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a "pagar la fianza", no sólo es un absurdo jurídico sino que muestra claramente el carácter político-electoral de la medida. Jurídicamente, la fianza se le debería pagar al juez que dictó un auto de formal prisión, para no ser apresado. Aquí la "pagan" sin que se haya dado ese paso por ningún juez. Y si decimos que se trata de subordinados del Ejecutivo, a pesar de que formalmente son diputados locales, es porque si no lo fueran, ¿cómo se enteraron de la consignación, que sólo después del pago de la fianza o caución fue hecha pública?
Si hubiera un delito real que perseguir, pues lo que menos debería interesar al perseguidor sería la libertad del perseguido. Si debe estar a disposición del juez, pues lo estará en prisión más directamente. En todo caso, debería ser el perseguido el que pagara la fianza para salir en libertad. La única razón para que el gobierno federal tome esta medida es tratar de evitar el desprestigio político adicional derivado de un encarcelamiento considerado como injusto por la absoluta mayoría de los encuestados.
Pero si no está preso, ¿qué queda? Exclusivamente, y al desnudo, la privación de derechos políticos, y en especial la privación del derecho a ser candidato a la Presidencia para las elecciones de 2006. La única penalidad real que queda por el supuesto desacato, por la construcción de un camino que no existe, es la prohibición de ser candidato en esas elecciones. Y la prohibición se aplica precisamente al que encabeza todas las encuestas de opinión sobre los posibles candidatos a esa elección presidencial.
No es la primera metida de pata, ni mucho menos. Con las anteriores han logrado, primero, fortalecer políticamente a quien quisieron y quieren eliminar, en especial aumentando su aceptación entre la población. En segundo lugar, tienen que andar escondiéndose de la gente y de los periodistas, saliendo por la puerta trasera y cosas así, lo cual no es lo habitual entre los gobernantes.
En este contexto, la marcha silenciosa que se lleva a cabo este día de la publicación del presente escrito adquiere especial importancia. Muestra que, dados semejantes despropósitos, muchísimas personas los rechazan de manera activa, manifestándose en silencio en las calles y en el Zócalo. Pero no sólo es el rechazo. Es el apoyo a un proyecto alternativo para la nación.
Y este proyecto alternativo no sólo se expresa de manera general. Existe ante cada uno de los problemas que se ponen de manifiesto continuamente. Por ejemplo, el aumento al precio del gas natural, que todavía va a seguir creciendo, ha generado, según lo publicado, el cierre de cientos de fábricas en los meses pasados; y, según se ha calculado, y también publicado, el cierre de miles en años recientes.
El programa alternativo incluye de manera destacada la recuperación del crecimiento económico. Pero también plantea, en particular, atacar a fondo la dependencia del gas natural importado, y esto apuntala la posibilidad de recuperar precios razonables para este combustible.
En este momento, claro, los puntos que pasan a un primer plano dentro del proyecto citado son los relacionados con la democracia política y la vigencia de los derechos políticos. Los otros puntos mantienen su importancia, pero este es el urgente, el del momento, pero también el que jugará un papel muy importante durante todo el periodo que se abre ante nosotros. Una lucha por la victoria, que abra la puerta a la solución de los grandes problemas nacionales.
Un agregado de última hora. La decisión del juez de devolver la documentación de la procuraduría federal y la fianza no sólo es un golpe a los intentos de eliminar al favorito en las encuestas para la elección presidencial, sino que confirma el carácter ilegal de esta solicitud en particular.