La fiscalía considera que no hay pruebas de su responsabilidad en la represión de 1978
No se ejercitará acción penal contra Joel Ayala, López Portillo y Beltrones: Femospp
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) decretó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, denunciados en contra del ex presidente José López Portillo, del diputado priísta Manlio Fabio Beltrones y del senador Joel Ayala Almeida entre otros, al considerar que no hay elementos de prueba para acreditar que tuvieron responsabilidad en la represión del movimiento médico en 1978.
Por medio de un oficio colocado en los estrados de la Femospp, el órgano que dirige Ignacio Carrillo Prieto notificó la decisión del Ministerio Público de que la averiguación previa PGR/FEMOSPP/303/2003 quedará como no ejercicio de la acción penal.
Con esta determinación ministerial se cancela cualquier posibilidad de juicio al presidente de la actual mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y al líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y senador, Joel Ayala Almeida.
Asimismo, aunque por haber fallecido ya no se podría ejercitar acción penal, la Femospp señaló que no ha lugar al ejercicio de la acción penal en contra del ex presidente José López Portillo, así como de Jesús Reyes Heroles y Fernando Gutiérrez Barrios.
Esta denuncia se inició en septiembre de 2003, cuando ex trabajadores de la Secretaría de Salud presentaron una denuncia penal, por tortura y otros delitos contra el ex presidente José López Portillo y varios funcionarios de su gobierno.
Antonio Vital Galicia, Jesús Néquiz González y Marco Antonio Rocha Romero se presentaron ante el Ministerio Público Federal para denunciar que en 1978 agentes de la Brigada Blanca (grupo paramilitar que dependía de la Secretaría de Gobernación) arrestaron y torturaron a integrantes de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que realizaban una huelga en demanda de mejores condiciones laborales.
La decisión de la fiscalía ocurre a pesar de que los denunciantes aseguraron que proporcionaron pruebas documentales, filmográficas y periodísticas de lo ocurrido en julio de 1978 en el Hospital General.